Trelew

Acusados de robar áridos por $419 millones evitarán el juicio y entregarán una cargadora y una camioneta

La causa por la presunta extracción y comercialización ilegal de áridos pertenecientes a la Municipalidad de Trelew finalizará mediante suspensiones de juicio a prueba. Los seis imputados entregarán una cargadora y una camioneta usada como reparación.

Equipo de redacción de Madryn Ahora
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La causa "Tierra Arrasada", que investigó la presunta extracción y comercialización ilegal de áridos pertenecientes a la Municipalidad de Trelew, finalizará sin juicio oral para ninguno de los seis acusados.

El expediente se resolverá mediante suspensiones de juicio a prueba (probation). Como parte de la reparación acordada, tres de los imputados entregarán una máquina cargadora y los otros tres aportarán una camioneta usada valuada en aproximadamente 25 millones de pesos.

La Fiscalía estimó en 419 millones de pesos el valor del material investigado. Sin embargo, la causa concluirá sin debate oral, sin condenas y sin que se determine judicialmente la responsabilidad penal de los acusados.

El último acuerdo fue informado este viernes durante una audiencia realizada en los tribunales de Trelew. El fiscal Gustavo Núñez y el abogado de la Municipalidad, Pedro Contreras, comunicaron a la jueza María Tolomei que se había alcanzado una salida con Carlos Errozarena, Walter Salesky y Mario Augsburguer.

Los tres entregarán al Municipio una camioneta Foton modelo 2022, con aproximadamente 64.000 kilómetros recorridos. Según se informó tras la audiencia, el vehículo fue adquirido en una concesionaria de usados de Trelew por cerca de 25 millones de pesos.

Días antes, esos mismos imputados habían ofrecido pagar 12 millones de pesos entre los tres. La jueza rechazó esa propuesta por considerarla poco razonable frente a la magnitud del perjuicio investigado. Finalmente, presentaron una nueva oferta que derivó en la entrega de la camioneta.

Una cargadora para los otros imputados

Los restantes acusados, José Pascual Uña y sus hijas Analía del Valle y Natalia Belén Uña, habían alcanzado previamente un acuerdo similar. Como condición para acceder a la probation ofrecieron una máquina cargadora destinada al área de Obras Públicas de la Municipalidad.

La maquinaria fue valuada entre 60 y 70 millones de pesos. Sumada al valor estimado de la camioneta, la reparación total rondaría entre 85 y 95 millones de pesos.

Incluso tomando el valor más alto, los bienes entregados representan menos de una cuarta parte de los 419 millones de pesos en los que fue valuado el material investigado.

La investigación

La causa comenzó a partir de una denuncia presentada por el intendente Gerardo Merino y se centró en una cantera ubicada detrás de la estación de servicio Mica, en el acceso norte a Trelew.

La hipótesis de la Fiscalía sostiene que la extracción se habría realizado de manera continuada entre 2020 y abril de 2024. Según la investigación, los acusados habrían utilizado palas cargadoras y camiones para retirar arena, mixto y piedra bocha de terrenos municipales y comercializarlos posteriormente.

Durante el expediente surgieron distintas estimaciones sobre el volumen extraído. Inicialmente se habló de aproximadamente 205.000 metros cúbicos, mientras que actuaciones posteriores lo ubicaron cerca de 167.000 metros cúbicos.

Además, testimonios incorporados a la causa indicaron que en algunos períodos podían salir hasta 50 camiones cargados por semana. También se analizaron imágenes satelitales que, según la investigación, mostraron modificaciones progresivas del terreno.

Sin juicio oral

La suspensión del juicio a prueba no constituye una condena ni implica un reconocimiento de culpabilidad por parte de los imputados.

Además de concretar la entrega de los bienes, deberán cumplir las reglas de conducta fijadas y no cometer nuevos delitos durante el plazo establecido. Si cumplen esas condiciones, podrán ser sobreseídos definitivamente.

De este modo, la causa finalizará sin juicio oral, sin producción pública de la prueba y sin una sentencia que determine la responsabilidad penal de los acusados.

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