Chubut se sumó a la Ley Antimafias nacional para endurecer la persecución al crimen organizado

La Legislatura del Chubut aprobó por amplia mayoría la adhesión de la provincia a la Ley Nacional Antimafias Nº 27.786. La sanción de esta normativa introduce modificaciones operativas y penales orientadas de forma exclusiva a perseguir, investigar y sancionar de manera coordinada a las estructuras de criminalidad organizada que operan en el territorio.

El tratamiento del proyecto en el recinto cobró una velocidad decisiva tras los episodios de violencia e inseguridad registrados semanas atrás en la zona sur de la provincia. El hecho de mayor gravedad institucional ocurrió en Comodoro Rivadavia, con el asesinato de un testigo clave que debía declarar en un juicio por homicidio que involucraba a conocidos clanes familiares de la región.

A partir de la sanción de este nuevo texto legal, la provincia busca estructurar un esquema donde el accionar de la Justicia gane celeridad y efectividad. "Damos un paso importante para que sepa que en Chubut ya no hay impunidad", se destacó tras la votación en la sesión ordinaria de este jueves, ponderando que quienes integren organizaciones criminales de forma activa enfrentarán penas de cumplimiento efectivo.

Coordinación penal y cruce de información

El corazón de la Ley Nacional Nº 27.786 radica en brindar herramientas judiciales específicas para combatir delitos complejos que exceden la delincuencia común, tales como la extorsión, el narcotráfico, el lavado de activos y los crímenes por encargo. Al adherir a esta norma, Chubut aceita los mecanismos de cooperación e intercambio de información permanente entre fuerzas policiales provinciales, agencias federales y juzgados de diferentes jurisdicciones.

Uno de los pilares fundamentados en la iniciativa aprobada es la optimización del trabajo federal. Esto implica una articulación directa y en sintonía fina con las bases de datos y ministerios de la Nación para rastrear las economías ilegales que financian a las bandas locales, asegurando una mayor eficacia en las pesquisas delictivas pero sin que la provincia resigne sus competencias de autonomía jurisdiccional.

Frente al avance de delitos bajo modalidades que incluyen amenazas coordinadas y estructuras piramidales, los operadores judiciales locales contarán ahora con una plataforma unificada para avanzar no solo contra los autores materiales de los hechos, sino contra las redes logísticas completas que operan detrás de los conflictos territoriales en la Patagonia.