De $13 a $332 millones en un solo juicio y decenas de demandas, según el dueño de Conarpesa: denuncia una "industria del juicio" y apunta contra un abogado y una jueza

Fernando Álvarez Castellano volvió a señalar al abogado Diego Martínez Zapata y a la jueza de Rawson Amorina Testino por los reclamos laborales contra empresas de su grupo. Cuestionó los montos, los intereses y la velocidad de las decisiones judiciales, y amenazó con mantener parados ocho fresqueros y no abrir las plantas. El letrado ya había rechazado las acusaciones de connivencia y defendido la legitimidad de los reclamos de los trabajadores.

"Han creado una industria del juicio alrededor nuestra con el tema de los aguinaldos". Con esa acusación, el dueño de Conarpesa, Fernando Álvarez Castellano, volvió a cargar contra quienes intervienen en las demandas laborales que enfrenta su grupo. Sus señalamientos tienen dos destinatarios centrales: el abogado Diego Martínez Zapata, que representa a trabajadores en litigios contra las empresas, y la jueza Amorina Testino, cuyo desempeño el empresario asegura haber denunciado ante el Consejo de la Magistratura de Chubut.

Álvarez Castellano sostiene que los reclamos se multiplican, que las liquidaciones alcanzan cifras que considera desproporcionadas y que las restricciones judiciales sobre sus barcos lo dejan sin margen para operar. Son acusaciones del empresario: la documentación revisada no permite dar por probada una actuación concertada o irregular del abogado y la magistrada.

"Como vieron que uno salió bien, es copia y pega", afirmó durante la entrevista. Al describir cómo, según él, se concentran las demandas, agregó: "Hay uno, dos, o un abogado sobre todo que agarra todo". Más adelante mencionó expresamente a "Diego Zapata" al explicar que un trabajador puede recurrir al letrado e iniciar una demanda aunque exista un entendimiento con la conducción sindical.

Su planteo apunta a la repetición de los reclamos y a su resultado económico. "Antes era uno, dos, tres juicios, yo los pagaba", sostuvo. Pero inmediatamente reconoció que no tiene un inventario preciso: "Ahora debo tener 60 o 70 o no sé cuántos". Por eso, esa cifra no puede presentarse como un total judicial comprobado ni como demandas que todavía estarían por llegar: es su estimación sobre los procesos que ya enfrenta.

El cuestionamiento a Testino también fue directo. Álvarez Castellano habló de una sentencia "express en un día" y objetó la aplicación posterior de intereses y multas. "No somos capaces de individualizar y monetizar el problema", expresó. Según su explicación, la incertidumbre no está solamente en perder un juicio, sino en no poder calcular cuánto terminará pagando.

El caso que utiliza como ejemplo corresponde al expediente "Navarro Tobar, Luis Osvaldo c/ Agropez S.A.". Agropez integra el Grupo Conarpesa. Según la información difundida por la propia compañía, un capital de condena de $13.520.929,60 llegó a una liquidación de $332.213.873,40 por la aplicación de intereses.

El 9 de septiembre, el abogado de Agropez, Luis Ángel Novoa, pidió al Superior Tribunal de Justicia de Chubut que interviniera, suspendiera excepcionalmente el trámite y revisara los intereses. La posición empresarial distingue dos cuestiones: no desconoce la existencia de una sentencia firme, pero considera desproporcionada la liquidación resultante. No se verificó una resolución del Superior Tribunal que haya respaldado ese planteo. Tampoco se accedió al cálculo completo que permita evaluar de manera independiente cada componente del monto reclamado.

El enfrentamiento con Martínez Zapata ya había escalado en agosto. El abogado rechazó públicamente las acusaciones de Álvarez Castellano, pidió una retractación y anunció acciones judiciales. Según publicó Radio Chubut el 18 de agosto, calificó los dichos del empresario como "gravísimos" y negó que las sentencias fueran decisiones exprés elaboradas mediante un simple copia y pega.

Revista Puerto también recogió su negativa a cualquier acuerdo o connivencia con Testino. El letrado sostuvo que los litigios tienen una trayectoria de años y defendió las actuaciones destinadas a cobrar las acreencias de los trabajadores. Esa respuesta corresponde a la controversia de agosto, anterior a las nuevas declaraciones del empresario.

La disputa continuó por carta documento. En una publicación del 7 de septiembre, Conarpesa informó que Álvarez Castellano había respondido una intimación de Martínez Zapata, fechada el 26 de agosto. Allí, el empresario sostuvo que sus frases habían sido extraídas de contexto y ratificó sus cuestionamientos. La empresa también vinculó la denuncia contra Testino con lo ocurrido alrededor del embargo y la interdicción del pesquero J. Barreiro. Esos señalamientos no equivalen a una sanción ni a una determinación de responsabilidad de la magistrada.

Ahora, Álvarez Castellano trasladó el conflicto judicial a una decisión operativa. Consultado sobre si mantendría sus embarcaciones sin salir hasta acordar la liquidación de aguinaldos, respondió: "Ni abro las plantas, nada, se queda parada hasta que esto se resuelva". También afirmó: "Prefiero perder una temporada, o un mes, o dos meses".

El empresario precisó que se refiere a sus ocho fresqueros y diferenció esa situación de la de los congeladores, que ya habían trabajado. Explicó que pretende definir el cálculo del aguinaldo hacia adelante y negociar por separado las causas anteriores. También reconoció que la falta de pesca de sus barcos afecta el abastecimiento de las plantas: "Si no tengo los barcos, tampoco tengo materia prima para las plantas, es obvio".

SICONARA sostiene una posición distinta. Su secretario gremial, Jorge Maldonado, afirmó el 22 de octubre que la discusión por las liquidaciones lleva más de quince años y que los trabajadores obtuvieron fallos favorables. Según informó Radio 3, rechazó que exista un impedimento sindical para iniciar la temporada y sostuvo que las medidas judiciales responden a reclamos de cobro. La existencia de demandas y sentencias adversas, por sí sola, no acredita la "industria" denunciada por Álvarez Castellano.

A ese frente se suma la disputa con el STIA por las condiciones de trabajo en las plantas. El conflicto ya había derivado en 39 despidos durante julio y una conciliación obligatoria; luego la empresa anunció treinta reincorporaciones. En octubre, el sindicato denunció diferencias por la liquidación de haberes y el peso de los cajones de langostino. En la nueva entrevista, el empresario volvió a defender su postura con una frase: "Yo no soy ni el bueno ni el malo, yo soy el que paga".

El dueño de Conarpesa exige respuestas por los intereses, los juicios y las medidas sobre sus barcos. El abogado rechaza sus acusaciones y los gremios defienden reclamos que, según sostienen, ya fueron reconocidos judicialmente. Mientras esas controversias siguen abiertas, la amenaza de mantener fresqueros y plantas sin actividad extiende el conflicto a trabajadores que dependen de la temporada. Resolver si hubo liquidaciones indebidas o irregularidades judiciales exige revisar los expedientes; dejar de operar tiene consecuencias inmediatas sobre el empleo y los ingresos.