De espaldas al pueblo: Torres habilita la exploración de uranio en Laguna Salada, una de las actividades mineras más contaminantes, sin consenso de los chubutenses

Sin embargo, en total silencio y sin una sola mención al tema durante la apertura de sesiones ordinarias del lunes 2 de marzo, el gobernador Ignacio Torres volvió a repetir una larga lista de promesas y anuncios que, en su gran mayoría, nunca se cumplen, pero omitió informar que su gobierno ya había habilitado un paso clave para que una minera extranjera avance sobre uno de los yacimientos de uranio más sensibles de la provincia.

En las coberturas periodísticas del discurso, los ejes destacados fueron hidrocarburos, pesca, deuda, producción y empleo, pero no el avance acelerado del uranio, que sorprendió incluso a la propia empresa por la rapidez con la que se resolvió. Una vez más, queda expuesto que cuando se trata de abrirle camino a negocios extractivos, el Gobierno se mueve con una velocidad que jamás muestra para resolver los problemas reales de los chubutenses.

Este martes 3 de marzo, Jaguar Uranium anunció oficialmente que obtuvo la aprobación ambiental para avanzar con tareas de exploración en el proyecto Laguna Salada, en Chubut. La empresa celebró el visto bueno del Ministerio de Ambiente como un "hito clave" para acelerar su campaña en la provincia.

No es un simple permiso: habilita, entre otras tareas, estudios geofísicos, muestreos de superficie, excavación de zanjas, construcción de accesos, perforaciones y la instalación de campamentos. En otras palabras: mientras hacia afuera el Gobierno callaba, hacia adentro ya le abría la puerta al avance del uranio en territorio chubutense.

No se trata de un detalle administrativo ni de un trámite menor. La exploración es el paso previo necesario para transformar el yacimiento en un negocio extractivo de escala. Por eso, el silencio oficial no parece casual ni inocente. Torres eligió no decir en público lo que su gestión ya habilitaba en los hechos: que una minera extranjera avance sobre un recurso altamente sensible, en una provincia marcada por el rechazo popular a este tipo de proyectos, por la conflictividad social y por una profunda desconfianza hacia la dirigencia política.

Una vez más, el gobierno provincial parece colocarse del lado de los intereses corporativos antes que del lado de la sociedad chubutense. Porque Laguna Salada no es cualquier proyecto. Se trata de uno de los depósitos de uranio que la empresa considera prioritarios dentro de su estrategia de expansión, justo cuando Chubut busca redefinir su matriz productiva ante la caída del petróleo.

Y ahí aparece el verdadero problema: detrás del discurso de la "diversificación" se vuelve a empujar el viejo extractivismo de siempre, con promesas de inversión y empleo rápido, mientras los riesgos ambientales, sociales y sanitarios quedan para la provincia.

El uranio no es un mineral cualquiera. Su exploración y eventual explotación están ligadas a una de las actividades mineras de mayor riesgo ambiental por su potencial de afectar suelos, napas y cursos de agua, además de generar residuos radiactivos y pasivos de larguísimo plazo. En una provincia árida, donde el agua vale más que cualquier promesa bursátil, avanzar sobre este tipo de proyectos sin debate social real no es desarrollo: es una amenaza presentada como oportunidad.

Aunque la empresa hable de exploración, nadie puede fingir ingenuidad. No se invierte, no se tramitan permisos ni se sale a bolsa para recaudar millones de dólares solo para sacar muestras y abrir zanjas sin un objetivo de fondo. La exploración es la antesala del negocio. Y si el Gobierno habilita este paso sin explicarlo de frente a la ciudadanía, entonces no administra: encubre una decisión política de enorme magnitud detrás de tecnicismos, expedientes y silencio oficial.

El propio comunicado de Jaguar Uranium deja en evidencia la sintonía con el poder provincial. La firma agradeció al Gobierno de Chubut y al Ministerio de Ambiente por el "apoyo continuo", mientras no existe ninguna señal concreta de un debate público genuino, transparente y amplio con la sociedad.

No hubo una discusión seria, no hubo construcción de consenso y no hubo una explicación clara de por qué se decidió avanzar por este camino en una provincia que ya dijo más de una vez que no quiere ser territorio de sacrificio para negocios extractivos.

Torres prometió hablar de frente a la gente, pero en este tema hizo exactamente lo contrario. Mientras en el recinto acumulaba anuncios, lugares comunes y generalidades, evitó mencionar que su gestión ya había dado un paso concreto para habilitar el avance de una minera de uranio. Esa omisión no es menor: revela una forma de gobernar donde las decisiones más delicadas se cocinan lejos de la ciudadanía, mientras el relato oficial intenta distraer con otros temas.

Además, la jugada reabre una herida que en Chubut nunca cerró. La provincia arrastra una larga historia de resistencia a proyectos extractivos contaminantes y conserva una memoria social muy viva sobre lo que ocurre cada vez que los gobiernos intentan avanzar sin licencia social.

Por eso, más que una apuesta al desarrollo, este movimiento se parece demasiado al viejo libreto de siempre: primero se oculta, después se habilita, luego se promete control, empleo e inversiones y, finalmente, se intenta imponer como inevitable algo que nunca fue debatido de verdad con el pueblo.

Chubut no necesita convertirse en zona de sacrificio para alimentar negocios de empresas extranjeras. Necesita un gobierno que no negocie a espaldas de la sociedad, que no esconda decisiones sensibles y que entienda que el agua, el territorio y la salud de la población no pueden quedar subordinados a la urgencia fiscal ni a la rentabilidad de una minera.