El método Conarpesa: disconforme con sus fallos, Álvarez Castellano pide investigar y destituir a la jueza Testino
El presidente de Conarpesa confirmó la denuncia presentada contra Amorina Testino y anticipó que continuará ampliándola. Aunque admitió que no sabe bien cómo funciona el sistema judicial, pidió que se revisen los fallos adversos a sus empresas, planteó que deberían colocar a otro juez y afirmó que, si consideran graves los hechos denunciados, "la tendrán que destituir". La ofensiva comenzó por la inmovilización del J. Barreiro, pese a que la propia magistrada había ordenado levantar el embargo y la interdicción.
Fernando Álvarez Castellano ya no se limita a decir que está disconforme con las decisiones de la jueza Amorina Úrsula Testino. Después de acusarla públicamente de "animosidad" y "mala leche", Agropez, empresa del Grupo Conarpesa, formalizó una denuncia ante el Consejo de la Magistratura y su presidente afirmó ahora que, si el organismo considera suficientemente graves los hechos expuestos, la magistrada deberá ser destituida.
En una entrevista de más de nueve minutos difundida por Pesca Chubut, Álvarez Castellano confirmó que la presentación fue realizada antes de comunicarla públicamente. Aseguró que decidió respetar el debido proceso y sostuvo que la denuncia tiene fundamentos. También adelantó que el escrito será ampliado con otras sentencias y actuaciones que sus abogados consideran perjudiciales para las empresas del grupo.
El empresario volvió a atribuirle a Testino "mala leche" y "muy poca sensibilidad social" por lo ocurrido con el pesquero J. Barreiro. También puso nuevamente bajo sospecha los juicios patrocinados por el abogado Diego Martínez Zapata y sostuvo que las decisiones adoptadas dentro del juzgado se resuelven reiteradamente contra sus empresas.
"NO SÉ MUY BIEN CÓMO FUNCIONA"
Uno de los pasajes más reveladores de la entrevista aparece cuando Álvarez Castellano intenta explicar qué organismos deberán analizar su presentación. Menciona al Consejo de la Magistratura, al Superior Tribunal de Justicia y a las cámaras, pero reconoce: "No sé muy bien cómo funciona el sistema judicial".
La admisión no le impide adelantar cuál debería ser, según su criterio, el resultado del proceso. El empresario pidió que se analicen las sentencias relacionadas con sus compañías y planteó que, si los fallos continúan siendo adversos, deberían "poner a otro juez" para intervenir en las causas.
Finalmente avanzó sobre la continuidad de Testino en el cargo. Dijo desconocer si el procedimiento puede terminar efectivamente con su remoción, pero afirmó que, si lo que hizo constituye una causal suficiente, "la tendrán que destituir".
La presentación formal, según la información difundida por la propia empresa, acusa a Testino de presunto mal desempeño, desconocimiento inexcusable del derecho, incumplimiento de obligaciones legales y arbitrariedad. Agropez solicitó que el Consejo investigue su actuación y que, una vez concluido ese análisis, remita el caso al Tribunal de Enjuiciamiento si considera que existen fundamentos.
La diferencia es central: hasta ahora existe una denuncia formulada por una empresa disconforme con distintas decisiones judiciales. No existe una resolución del Consejo que declare acreditadas las acusaciones ni un jury que haya determinado la responsabilidad de Testino.
EL BARCO QUE TESTINO HABÍA ORDENADO LIBERAR
El caso utilizado como punto de partida es la inmovilización del pesquero J. Barreiro. Agropez sostiene que la interdicción se mantuvo durante 16 días pese a que había fondos judiciales suficientes para garantizar el crédito reclamado.
Álvarez Castellano afirmó que la paralización afectó especialmente a unos 300 trabajadores de planta, además de marineros y maquinistas cuyos ingresos dependen de la producción. Acusó a la jueza de haber actuado por capricho y de haber dejado a numerosas familias sin percibir dinero durante la temporada.
El perjuicio merece ser investigado. Pero el relato empresario omite un dato decisivo: Testino había ordenado levantar el embargo y la interdicción del J. Barreiro.
La resolución fue dictada durante la mañana del 18 de agosto y ordenaba librar con urgencia los oficios correspondientes a Prefectura Naval Argentina y al Registro Nacional de Buques. El oficio presentado por los abogados de Agropez quedó sin la firma de la magistrada. Horas después, Testino informó que había iniciado una acción de vindicación y se excusó de continuar interviniendo.
Esa secuencia provocó una demora posterior. Otra jueza terminó firmando el oficio y el barco recuperó la posibilidad de navegar. Puede discutirse si Testino debía haber dejado firmado el documento antes de apartarse, si la excusación tenía fundamento suficiente y si existieron otras irregularidades procesales. Precisamente para eso existen los recursos y organismos de control.
Lo que no puede afirmarse es que la magistrada se haya negado a levantar las medidas. La resolución favorable a la empresa existió. Lo que falló fue su instrumentación inmediata.
FALLAR CONTRA CONARPESA NO PRUEBA PARCIALIDAD
Álvarez Castellano amplió su cuestionamiento más allá del pesquero. Volvió a mencionar las aproximadamente cuarenta sentencias laborales que atribuye a Testino y las demandas promovidas por Martínez Zapata. También habló de una condena que, según su versión, pasó de 13 millones a casi 300 millones de pesos.
Pero no aportó durante la entrevista el número del expediente, la liquidación correspondiente, la fecha de la sentencia, los intereses aplicados ni las decisiones de las instancias revisoras. Sin esos documentos no puede saberse por qué se produjo la actualización ni atribuir personalmente esa cifra a la jueza.
Tampoco alcanza con contar sentencias adversas para demostrar una persecución. Para establecer una irregularidad sería necesario revisar cuándo ingresó cada causa, cómo fue asignada, qué reclamaban los trabajadores, cuáles fueron las pruebas y qué resolvieron posteriormente las cámaras o el Superior Tribunal.
El propio Álvarez Castellano reconoce que numerosas decisiones fueron recurridas. Sin embargo, transforma la reiteración de resultados desfavorables en un argumento para pedir que las causas de sus empresas sean entregadas a otro magistrado.
Ese razonamiento presenta un problema institucional evidente: un juez no deja de ser objetivo simplemente porque falla contra una empresa. Si cada sucesión de derrotas judiciales permitiera al litigante exigir un nuevo magistrado, la imparcialidad terminaría dependiendo de que las sentencias conformaran a quien tiene mayor capacidad económica o mediática para cuestionarlas.
EL ABOGADO TAMBIÉN RESPONDIÓ
La ofensiva pública no se dirigió únicamente contra Testino. Álvarez Castellano también insinuó que Martínez Zapata tendría familiares dentro del Poder Judicial y habló de una supuesta asociación entre el abogado y la magistrada.
Martínez Zapata negó tener familiares en la Justicia y desafió públicamente al empresario a identificar a alguno. También sostuvo que litiga contra empresas vinculadas con Álvarez Castellano desde 2006 y explicó que los expedientes corresponden, entre otros temas, a diferencias salariales, aguinaldos y despidos.
En el nuevo audio, Álvarez Castellano confirmó que recibió una carta documento del abogado y anticipó que será contestada. También relativizó las consecuencias de sus declaraciones y sostuvo que las personas tienen derecho a expresarse durante una controversia.
La libertad de expresión permite cuestionar sentencias, jueces y abogados. Pero no convierte automáticamente en verdaderas las acusaciones de connivencia, negocio o asociación ilícita. Esas imputaciones requieren pruebas concretas.
DE LA DISCONFORMIDAD A LA DESTITUCIÓN
La Asociación Nacional de Jueces y Juezas del Trabajo ya había expresado su preocupación por las declaraciones de Álvarez Castellano. La entidad calificó sus expresiones como "infundadas y desmedidas" y advirtió que podían representar una presión sobre la magistrada y sobre otros jueces que deban resolver conflictos semejantes.
La asociación recordó que las discrepancias con las resoluciones deben canalizarse mediante los recursos previstos por la ley. La denuncia ante el Consejo es uno de esos mecanismos, pero el derecho a presentar una acusación no elimina la necesidad de probarla ni convierte al denunciante en quien decide el resultado. Comunicado de ANJUT
Álvarez Castellano sostiene que confía en las instancias superiores y asegura que aceptará el resultado si le explican por qué no tiene razón. Sin embargo, antes de que el Consejo analice la admisibilidad y el contenido de la denuncia, ya planteó públicamente que Testino podría ser reemplazada y destituida.
Una cosa es pedir que se investigue una posible irregularidad. Otra es sostener que la acumulación de fallos adversos demuestra que la jueza no puede resolver objetivamente las causas de Conarpesa.
EL MÉTODO CONARPESA
La secuencia vuelve a repetirse. Cuando los trabajadores reclamaron el cumplimiento de un acuerdo laboral, 39 fueron despedidos. Cuando la Secretaría de Trabajo dictó la conciliación obligatoria, Conarpesa la impugnó. Cuando una denuncia penal sufrió una primera desestimación, la empresa pidió su revisión. Cuando aparecieron sentencias laborales adversas, Álvarez Castellano puso bajo sospecha a la jueza y al abogado. Y cuando la liberación del J. Barreiro se demoró, acusó a Testino de actuar con "mala leche" y promovió el camino hacia su destitución.
Cada conflicto tiene hechos y expedientes diferentes. No corresponde reducirlos a una única explicación. Pero la respuesta pública del presidente de Conarpesa muestra una constante: cuando una autoridad, un trabajador, un sindicato o un tribunal contradice los intereses de sus empresas, el conflicto deja de ser técnico o jurídico y se transforma en una confrontación personal.
El Consejo deberá determinar si Testino incurrió en mal desempeño o si la presentación de Agropez expresa el desacuerdo de una empresa con decisiones que considera equivocadas. Álvarez Castellano tiene derecho a denunciar y aportar pruebas. La jueza tiene derecho al debido proceso y a ejercer su defensa.
Lo que el dueño de Conarpesa no puede hacer es elegir al magistrado que debe juzgar a sus empresas ni convertir cada sentencia desfavorable en evidencia automática de falta de objetividad.
En un sistema republicano, los jueces no están para resolver a favor de la persona más poderosa. Y la Justicia no funciona cambiando de magistrado hasta encontrar uno que dicte la sentencia que una empresa quiere escuchar.