Emergencia en Discapacidad: el Gobierno promulgó la ley pero frenó su aplicación
El Ejecutivo promulgó la Ley 27.793 de Emergencia Nacional en Discapacidad, aunque suspendió su implementación hasta que el Congreso defina fuentes de financiamiento en el Presupuesto. Mientras tanto, dispuso un refuerzo para actualizar los aranceles de los prestadores.
El Gobierno nacional promulgó este lunes la Ley 27.793 de Emergencia Nacional en Discapacidad, que tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026. Sin embargo, resolvió suspender su aplicación efectiva hasta que el Congreso defina las partidas específicas en el próximo Presupuesto Nacional.
La decisión fue formalizada a través del Decreto 681/2025, publicado en el Boletín Oficial. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, ya había anticipado que la norma quedaría supeditada a la disponibilidad de fondos, debido al fuerte impacto fiscal que implicaría la creación de nuevas pensiones por discapacidad.
Según cálculos oficiales, los costos podrían alcanzar $2,16 billones en 2025 y $4,7 billones en 2026, a lo que se suman las erogaciones del Programa Incluir Salud y compensaciones extraordinarias a prestadores. En total, el gasto ascendería a $3,02 billones, equivalente al 0,35% del PBI.
El Gobierno justificó la suspensión apelando a las leyes de Administración Financiera, que obligan a definir de dónde saldrán los recursos antes de poner en marcha medidas que incrementen el gasto público. En ese sentido, el decreto remarcó que el presupuesto vigente "no cuenta con los créditos suficientes".
De manera paralela, mediante la Decisión Administrativa 24/2025, el Ejecutivo resolvió una readecuación de partidas para reforzar el financiamiento de las prestaciones a personas con discapacidad. Los fondos se destinarán a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) para actualizar aranceles de prestadores a partir del 1° de octubre, mientras que se recortarán créditos de la Jurisdicción 91 -Obligaciones a Cargo del Tesoro-.
De esta forma, la promulgación de la emergencia en discapacidad abre un escenario de incertidumbre: la ley ya está vigente, pero su implementación real dependerá de la discusión parlamentaria sobre el Presupuesto 2026. En el corto plazo, el Gobierno priorizó un alivio inmediato para los prestadores del sistema.