Causa Carpintero: en medio del escándalo, Gamarra pidió revertir la nulidad de allanamientos

La crisis de credibilidad que golpea a un sector de la Justicia de Chubut sumó este miércoles otro capítulo difícil de disimular. En la causa Carpintero, la fiscal Julieta Gamarra pidió revertir la nulidad de allanamientos y secuestros que había dispuesto la jueza Mirta Moreno, en una audiencia de revisión ante los jueces Ivana González y Gustavo Castro.

La movida judicial, por sí sola, ya sería relevante. Pero ocurre en un contexto especialmente delicado: Gamarra es la misma fiscal que hoy quedó bajo la lupa pública por el escándalo del video de las presuntas coimas, un caso que ya sacudió al sistema judicial chubutense y dejó abiertas dudas profundas sobre el funcionamiento de ciertos actores dentro de él. En ese marco, que ahora intente recuperar medidas que una jueza ya consideró nulas no hace más que agrandar la sensación de desorden, fragilidad y sospecha que rodea a ciertos actores de la estructura judicial provincial.

Para entender el peso de lo que resolvió Moreno, hay que ir al fondo del problema. La jueza declaró la nulidad absoluta de todas las actuaciones impulsadas por Gamarra en la causa, señalando que la presentación fiscal careció de fundamentación adecuada, en especial respecto del concepto de "funcionario público", figura central para encuadrar el delito de cohecho. En su fallo de 16 páginas, Moreno fue contundente: la magnitud de la afectación a derechos y garantías constitucionales producida al ejecutarse los allanamientos y requisas la condujo "inexorablemente" a declarar la nulidad de carácter absoluto. No fue una corrección menor: fue un rechazo de fondo a la forma en que Gamarra armó la causa.

El origen del expediente también merece ser recordado. La causa nació a partir de una denuncia del secretario general de ATE Trelew, José Severiche, quien afirmó que el exfuncionario Gonzalo Carpintero le habría ofrecido dinero para generar conflicto gremial e impedir el inicio de clases en la provincia. A partir de esa denuncia, Gamarra impulsó allanamientos, requisas y secuestros de celulares, en procedimientos que la jueza terminó declarando nulos de nulidad absoluta. La propia provincia de Chubut, bajo la administración del gobernador Ignacio Torres, se había constituido como querellante en la causa, lo que le dio al caso una fuerte repercusión política.

Durante la audiencia de revisión, Gamarra calificó la resolución de Moreno como "contradictoria, arbitraria e ilógica" y pidió que vuelvan a tener validez los procedimientos anulados, entre ellos los allanamientos y los secuestros de teléfonos celulares y un DVR. También sostuvo que la investigación encuadra provisoriamente en la figura de cohecho y remarcó que los teléfonos todavía no pueden ser peritados porque falta autorización judicial.

Del otro lado, el abogado defensor de Gonzalo Carpintero, Federico Ruffa, respaldó la decisión de la jueza y rechazó con dureza la postura del Ministerio Público Fiscal. Según planteó, la impugnación no logra desmontar los argumentos que sostuvieron la nulidad de los procedimientos y, todavía más fuerte, afirmó que aun si se tomaran como ciertos los hechos denunciados, no existe delito penal que justifique semejante despliegue judicial. No es un argumento menor: es exactamente el mismo que ya convenció a una jueza para declarar la nulidad absoluta de todo lo actuado.

Ese contraste es el que vuelve todavía más inquietante el cuadro general. Porque si una jueza anuló medidas sensibles por falta de fundamentación, si la defensa insiste en que no hay delito y lo probó ante la magistrada, y si al mismo tiempo la fiscal que impulsa el caso aparece envuelta en otro escándalo de enorme gravedad institucional, lo que queda dañado no es sólo un expediente: es la confianza en la forma en que algunos actores toman decisiones dentro de la Justicia chubutense.

La causa Carpintero ya venía cargada de sospechas políticas y jurídicas. El hecho de que el gobierno provincial se haya constituido como querellante generó desde el inicio lecturas cruzadas sobre si la causa respondía a una persecución política o a una investigación genuina. Ahora, con Gamarra intentando revivir allanamientos que una jueza declaró nulos de nulidad absoluta, justo cuando su propio nombre aparece golpeado por otra trama explosiva, el panorama se complica aún más. Más que transmitir solidez, el entramado refuerza una percepción cada vez más instalada: que ciertos despachos judiciales de Chubut no actúan con la claridad, la prolijidad y la independencia que la sociedad espera.

Los jueces Ivana González y Gustavo Castro informaron que resolverán por escrito dentro de los plazos legales. Pero más allá de lo que decidan, el daño ya está hecho. Cuando se acumulan nulidades absolutas, escándalos, videos comprometedores y causas mal construidas, lo que queda no es una imagen de justicia firme: es la de un sector del sistema cada vez más discutido, y cada vez más difícil de entender.