La Justicia de Estados Unidos secuestró dispositivos de Tapia y otros dirigentes de la AFA
El presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, fue demorado en el aeropuerto JFK de Nueva York antes del regreso de la Selección argentina. Agentes del FBI incautaron teléfonos y otros dispositivos electrónicos de integrantes de la comitiva en el marco de una investigación sobre contratos comerciales internacionales.
El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia, fue demorado por agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI) en el aeropuerto internacional JFK de Nueva York, minutos antes de emprender el regreso a la Argentina junto a parte del plantel de la Selección.
Según publicó Infobae, las autoridades estadounidenses solicitaron los teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos de Tapia. Además, también incautaron computadoras y teléfonos pertenecientes a otros integrantes de la comitiva que regresó al país el lunes pasado en el vuelo charter AR 1971 de Aerolíneas Argentinas.
El operativo provocó una demora en la partida del vuelo, que finalmente despegó cerca de las 8:15, cuando inicialmente estaba previsto para las 6 de la mañana.
De acuerdo con documentos judiciales citados por el medio, Tapia deberá presentarse a declarar ante la Corte del Distrito Sur de Florida. También deberá aportar toda la información disponible relacionada con Tourprodenter, incluidas comunicaciones con Pablo Toviggino, Diego Lucero y Javier Faroni.
La investigación se centra en la estructura financiera utilizada para administrar los contratos comerciales internacionales de la AFA. Tourprodenter, administrada por Javier Faroni, figura como agente comercial exclusivo para acuerdos de patrocinio, partidos amistosos y derechos de televisión.
Según la publicación, las operaciones bajo análisis superarían los 300 millones de dólares y la pesquisa está a cargo de fiscales federales especializados en delitos económicos y financieros.
La investigación también analiza movimientos bancarios realizados a través de distintas entidades financieras de Estados Unidos y transferencias efectuadas mediante diferentes sociedades comerciales.
Las medidas conocidas hasta el momento no implicaban la existencia de imputaciones ni la apertura formal de una causa penal, sino que forman parte de una etapa preliminar destinada a reconstruir el circuito de los fondos y determinar si existieron delitos bajo la legislación estadounidense.