Mendoza aplica multas a padres por casos de bullying escolar

Desde este miércoles comenzaron a regir en la provincia de Mendoza las sanciones previstas para padres, tutores o responsables legales de niños y adolescentes que ejerzan bullying en el ámbito escolar, cuando los adultos no adopten medidas para prevenir el acoso o reparar el daño causado.

La medida quedó formalmente en vigencia tras la publicación de la Ley N.° 9.682 en el Boletín Oficial. La norma fue aprobada por la Legislatura provincial el 19 de noviembre y modifica el Código de Contravenciones, incorporando nuevos artículos vinculados a faltas contra la moralidad, las buenas costumbres, la solidaridad y la educación.

Según lo establecido, los adultos responsables podrán ser sancionados si, luego de ser notificados por la institución educativa sobre una conducta de acoso escolar, incumplen con la adopción de medidas para evitar la reiteración del hecho o reparar el daño. Las multas previstas van de 1.500 a 3.000 Unidades Fijas, lo que actualmente equivale a montos de entre 630.000 y 1.260.000 pesos.

La normativa también contempla una actualización del valor de la Unidad Fija. A partir de enero, cada UF pasará a valer 500 pesos, lo que elevará las sanciones a un rango de entre 750.000 y 1.500.000 pesos. Además, en función de la gravedad del caso, se podrán imponer tareas educativas o comunitarias por un plazo de hasta 30 días.

El texto legal establece que el dinero recaudado por las multas será destinado al Fondo Provincial creado por la Ley N.° 9.545, orientado a la prevención y asistencia de víctimas de acoso escolar en el ámbito de la Dirección General de Escuelas, así como también a Bibliotecas Populares.

La ley prevé excepciones, quedando eximidos de responsabilidad aquellos padres privados o suspendidos del ejercicio de la responsabilidad parental, quienes tengan el cuidado personal unilateral otorgado judicialmente al otro progenitor, o quienes estén alcanzados por medidas de protección que les impidan intervenir en la crianza del menor.

En cuanto al procedimiento, se establece una primera instancia de intervención a cargo de la escuela, con el acompañamiento de equipos interdisciplinarios. En caso de falta de colaboración o incumplimiento por parte de los adultos responsables, la situación será elevada al Juzgado Contravencional, que definirá las sanciones correspondientes.

La iniciativa fue impulsada por el Poder Ejecutivo provincial a través de la Dirección General de Escuelas, en un contexto marcado por episodios de violencia escolar que generaron preocupación en Mendoza. Además, la problemática cuenta con antecedentes judiciales, como un fallo dictado en junio que condenó a la DGE a indemnizar a una familia por un caso de bullying ocurrido en una escuela pública, remarcando la responsabilidad del Estado y de las instituciones educativas en la protección de los estudiantes.