Puerto Madryn: la jueza define si investiga la millonaria extorsión al intendente Sastre
Tras una audiencia cargada de planteos técnicos, la Justicia debe decidir si abre la causa contra dos hombres acusados de exigirle 60.000 dólares al mandatario municipal para "evitarle conflictos". La defensa pidió la nulidad de todo lo actuado
La política y la justicia de Puerto Madryn mantienen la respiración ante el desenlace de un caso que sacudió los pasillos municipales. La jueza penal María Inés Bartels se tomó un plazo de tres días hábiles para resolver si da luz verde a la investigación formal contra Gastón Domecq y Héctor Ibáñez, los dos hombres señalados por la Fiscalía como los presuntos responsables de intentar extorsionar al intendente Gustavo Sastre.
Durante la audiencia de apertura, la fiscal Ivana Berazategui expuso una trama que parece sacada de un guion policial. Según la acusación, los imputados habrían abordado al jefe comunal para exigirle la entrega de 60.000 dólares bajo una premisa inquietante: "Esto tiene un costo, Héctor no trabaja gratis", habrían sido las palabras utilizadas para amedrentar al mandatario. El relato fiscal sostiene que la maniobra incluía una doble cara, donde los acusados aseguraban estar "dándole una mano" a Sastre mientras, en paralelo, advertían que el rechazo al pago desencadenaría problemas mayores para su gestión y su persona.
El despliegue de las defensas fue contundente. El abogado Daniel Báez, representante de Domecq, y la defensora pública Lucía Capone, por Ibáñez, no solo rechazaron la apertura de la investigación, sino que fueron por todo: solicitaron la nulidad de los allanamientos realizados al inicio de la causa y el sobreseimiento inmediato de sus clientes. El argumento central de los letrados es que los hechos relatados por el Ministerio Público Fiscal no encuadran en la figura típica de extorsión y que la acusación carece de sustento jurídico sólido.
El Código Penal establece penas severas para quien, mediante intimidación, obliga a otro a entregar dinero. Sin embargo, en esta instancia preliminar, la jueza Bartels no juzga la culpabilidad, sino la existencia de elementos suficientes para que el Estado inicie un proceso formal. La magistrada notificó a las partes que su resolución se conocerá dentro del plazo legal, lo que definirá si Domecq e Ibáñez enfrentarán un proceso penal o si la causa se encamina al archivo.
De confirmarse la apertura de la investigación, se fijará una nueva fecha de audiencia donde los imputados tendrán una nueva oportunidad para declarar y defenderse de los cargos. Mientras tanto, el caso permanece en un limbo judicial que mantiene en vilo tanto al arco político local como a la opinión pública madrynense, a la espera de saber si el intento de chantaje llega finalmente a juicio.