Una niña de 5 años con SUH había consumido carne picada comprada por redes sociales en Madryn
El caso derivó en una investigación y un allanamiento donde se constató una actividad clandestina vinculada a la elaboración y comercialización de carne. Los análisis de los productos decomisados detectaron elevados niveles de E. coli y también las toxinas STX1 y STX2.
Una niña de cinco años residente en Puerto Madryn fue diagnosticada con Síndrome Urémico Hemolítico (SUH) luego de haber consumido carne picada adquirida de manera informal a través de redes sociales.
El caso está incluido en el informe que el Gobierno del Chubut remitió a la Legislatura sobre las acciones desarrolladas ante los casos de la enfermedad.
La investigación comenzó el 15 de enero de 2026, cuando el Departamento Provincial de Bromatología y el Servicio de Epidemiología del Hospital Zonal Dr. Andrés Ísola tomaron conocimiento del diagnóstico.
Durante la entrevista epidemiológica, la madre informó que el 31 de diciembre de 2025 la familia había consumido carne picada comprada informalmente mediante redes sociales. Con ese producto prepararon hamburguesas y tuco casero.
El informe señala que, ante el probable nexo epidemiológico, Bromatología formalizó una denuncia ante el Ministerio Público Fiscal.
La División Investigaciones reunió pruebas y posteriormente se solicitó un allanamiento. Durante el procedimiento se constató la existencia de una actividad clandestina vinculada con la elaboración y comercialización de carne.
En el lugar fueron secuestrados carne picada, cortes vacunos, grasa y distintos elementos utilizados para fraccionar y vender productos cárnicos.
Las actuaciones también describen condiciones de manipulación y almacenamiento incompatibles con una actividad alimentaria formalmente habilitada.
Los análisis microbiológicos detectaron elevados recuentos de Escherichia coli en todas las muestras analizadas. Además, el informe epidemiológico señala que en las muestras de los productos decomisados se encontraron las toxinas STX1 y STX2.
El Tribunal Municipal de Faltas dispuso la destrucción de la mercadería secuestrada, mientras que las actuaciones administrativas y judiciales relacionadas con la comercialización clandestina continuaban abiertas al momento de confeccionarse el informe.