Adorni advirtió que podrían cerrar la TV Pública

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, aseguró que el Gobierno Nacional no descarta el cierre de la Televisión Pública, aunque aclaró que, por el momento, la decisión será avanzar con un cambio de nombre y un fuerte proceso de achicamiento. Así lo manifestó durante una entrevista en un streaming, donde sostuvo que el objetivo es reducir gastos y hacer más "eficiente" el funcionamiento del medio estatal.

Según explicó el funcionario, aunque por ley está prohibido privatizar la TV Pública, el Poder Ejecutivo tiene la potestad de reducir su estructura. "Hay que hacerla eficiente en términos de achicarla todo lo que se pueda, en virtud de no tener que privatizarla. Está la chance de cerrarla, podríamos bajarle la llave, pero por ahora le vamos a cambiar el nombre", afirmó.

En ese sentido, Adorni adelantó que la señal dejará de llamarse TV Pública, al considerar que el nombre actual tiene una connotación "kirchnerista". Indicó que el cambio busca mostrar un "cambio simbólico" del rumbo que pretende tomar La Libertad Avanza, y recordó que desde la asunción del presidente Javier Milei existe la orden de retirar "toda cartelería con contenido ideológico".

La situación de los trabajadores se da en el marco de una profunda reestructuración de los medios públicos. El Gobierno Nacional prorrogó recientemente la intervención de Radio y Televisión Argentina (RTA), que incluye a la TV Pública y Radio Nacional, mediante el Decreto 79/2026, extendiendo el proceso hasta el 1º de febrero de 2027.

En paralelo, el plan de retiros voluntarios mencionado por Adorni apunta a reducir la planta de personal en alrededor de 500 puestos de trabajo, lo que representa cerca del 20% de los 2.400 empleados actuales. La medida alcanza tanto a la TV Pública como a las 50 emisoras de Radio Nacional, e involucra a periodistas, productores y personal administrativo. En el caso particular de la TV Pública, la dotación asciende a casi 1.300 trabajadores.

Por otra parte, gremios como SATSAID, SiPreBA, APJ y SALCo denuncian una fuerte pérdida del poder adquisitivo de los salarios, que permanecen prácticamente congelados desde agosto de 2024, lo que habría dejado a muchos trabajadores por debajo de la línea de pobreza. Además, los empleados de la TV Pública rechazan la reforma laboral impulsada por el Gobierno y advierten que podría generar un "daño irreversible" en los medios públicos.