El Gobierno reglamentó de forma parcial la Ley de Emergencia en Discapacidad y estiró su aplicación en las provincias

Luego de varios meses de dilaciones, el Gobierno nacional avanzó con una reglamentación parcial de la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad, sancionada por el Congreso, aunque dejó sin definir la mayoría de sus artículos centrales.

El decreto reglamentario se conoció tras un ultimátum judicial que obligó al Ejecutivo a avanzar con la norma. Sin embargo, la medida solo reglamenta 6 de los 21 artículos, sin precisar cuestiones vinculadas al sistema de pensiones ni a la ejecución concreta de la emergencia.

De esta manera, el Ejecutivo no solo estiró los plazos de aplicación de la ley, sino que también ganó tiempo mientras la Justicia analiza la apelación presentada contra el fallo de primera instancia que lo había obligado a reglamentarla.

Según se desprende del texto, la estrategia oficial fue trasladar las definiciones principales al Consejo Federal de Discapacidad, que deberá ser convocado para establecer los criterios del nuevo sistema de pensiones. Este proceso estará a cargo de la Secretaría Nacional de Discapacidad, en coordinación con las provincias.

El esquema propuesto implica que las definiciones finales podrían demorar varios meses, ya que las medidas que surjan del Consejo Federal se implementarían mediante mecanismos de cooperación y cofinanciamiento entre las distintas jurisdicciones.

Además, se instruyó a la Secretaría Nacional de Discapacidad a elaborar un plan de auditorías periódicas, también consensuado con las provincias, lo que suma nuevas instancias previas antes de la aplicación plena de la ley.

En los hechos, la reglamentación parcial mantiene en suspenso la emergencia en discapacidad y traslada la discusión a ámbitos federales, postergando respuestas concretas para miles de familias que esperan definiciones urgentes.