Escándalo en ANDIS: auditoría se retrasa por documentos incautados
La auditoría interna de la Agencia Nacional de Discapacidad podría demorarse tras la incautación de documentos clave por la Justicia. El Gobierno busca alternativas legales y espera resultados hacia mediados de octubre.
El escándalo por los audios filtrados del exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, continúa generando repercusiones. La auditoría interna del organismo, que busca evaluar las compras y procesos administrativos, podría sufrir demoras significativas debido a que la Justicia incautó documentos y expedientes clave durante los allanamientos a las sedes del organismo.
Entre los papeles retenidos se encuentran facturas vinculadas a la adquisición de medicamentos del programa Incluir Salud, muchas de las cuales no figuraban en portales públicos y carecen de trazabilidad clara. Ante esta situación, el Gobierno analiza vías legales para acceder a copias de esos expedientes, destacando que el Estado "no forma parte de la causa judicial".
El interventor de ANDIS, Alejandro Vilches, junto con su equipo técnico y personal de la Policía de la Ciudad, acordó que no se retiren más servidores ni documentación en allanamientos posteriores. Esto permitió que los auditores retomaran el análisis la semana pasada. La Casa Rosada proyecta que el sumario dure un máximo de seis meses, con resultados de la auditoría previstos para mediados de octubre.
En paralelo, la Justicia secuestró celulares, sobres con divisas, dinero fraccionado y pasaportes, lo que alimenta hipótesis sobre posibles maniobras de fuga y redes irregulares.
El Gobierno también sigue de cerca la renegociación de contratos con la droguería Suizo Argentina, adjudicataria de compras dentro del Plan Incluir Salud, que representa aproximadamente el 6 % de las adquisiciones totales del Ministerio de Salud. Aunque las licitaciones fueron abiertas y competitivas, los vínculos de la empresa siguen bajo sospecha.
Estas acciones se suman a un sumario administrativo y a la intervención oficial del organismo por 180 días mediante el decreto 601/2025, con el objetivo de reorganizar la estructura funcional de ANDIS y garantizar transparencia y eficiencia.
El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, afirmó que el Gobierno se ajustará "a lo que la Justicia investigue" y calificó el episodio como un manejo político, mientras que el ministro de Salud, Mario Lugones, destacó que la revisión se centra en las licitaciones y procesos administrativos del programa Incluir Salud.



