A dos policías de Chubut les robaron sus armas y ahora deberán pagar casi un millón de pesos cada uno
El Tribunal de Cuentas les formuló cargos patrimoniales de $904.508,33 a cada uno por dos pistolas reglamentarias sustraídas de su domicilio. Tienen 15 días hábiles desde la notificación para pagar o recurrir la decisión.
A dos sargentos de la Policía del Chubut les robaron sus armas reglamentarias de su domicilio en Rawson y ahora deberán afrontar un cargo de casi un millón de pesos cada uno.
La decisión fue adoptada el 21 de agosto de 2026 por el Tribunal de Cuentas de la Provincia. El organismo fijó en $904.508,33 la responsabilidad patrimonial de cada agente: $600.000 de capital y $304.508,33 de intereses. En conjunto, los cargos ascienden a $1.809.016,66.
Según el Acuerdo 330/2026, los sargentos Rodrigo Ezequiel Constancio y Gisella Delma Zúñiga denunciaron el 30 de enero de 2025 que habían sido víctimas de un hecho delictivo en su vivienda.
Entre los elementos sustraídos había dos pistolas Browning Detective calibre 9 milímetros, números de serie 416xox y 416xox, además de cargadores y municiones.
El acuerdo no explica cómo ingresaron los autores del robo, no identifica sospechosos y tampoco informa si las armas fueron recuperadas.
Primero fueron sancionados
La Policía abrió una actuación administrativa para determinar la responsabilidad de los agentes. Mediante la Resolución 479/2026, la fuerza les impuso 21 días de arresto por una infracción disciplinaria.
Después comenzó el juicio administrativo de responsabilidad patrimonial. El Tribunal citó a los dos policías para que revisaran el expediente y presentaran su descargo. Según la resolución, ambos informaron que no formularían ninguna defensa.
El asesor legal recomendó entonces formular los cargos y el contador fiscal calculó cuánto debería afrontar cada agente.
La orden de pago
El Tribunal emplazó a los dos sargentos para que depositen $904.508,33 cada uno en la Tesorería General de la Provincia dentro de los 15 días posteriores a la notificación.
La resolución admite un recurso de revisión dentro del mismo plazo. Si los policías no pagan ni recurren, la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas permite enviar el fallo a la Fiscalía de Estado para iniciar su ejecución fiscal.
Por eso puede afirmarse que deberán pagar casi un millón de pesos cada uno: existe una orden concreta y ejecutable. Lo que aún no puede asegurarse es que el cargo haya quedado firme o que el dinero ya haya sido abonado.