Congreso: Luque solicitó penalizar la pesca ilegal para frenar la depredación del Mar Argentino
Un grupo de legisladores nacionales de Unión por la Patria reclamó a la presidencia de la Comisión de Legislación Penal que active el debate de la iniciativa que busca transformar las multas administrativas en sanciones privativas de la libertad para quienes saqueen los recursos marítimos.
La ofensiva legislativa fue encabezada por el diputado nacional Juan Pablo Luque junto a sus pares Guillermo Michel y Moira Lanesan, quienes formalizaron la solicitud para que se convoque de manera urgente a la comisión y se incorpore el expediente al temario. El escrito apunta directamente a la titular del espacio, la diputada Laura Rodríguez Machado, con el propósito de destrabar un proyecto que se encuentra paralizado en el cuerpo parlamentario controlado por el oficialismo.
La propuesta original, presentada a principios de junio por Michel con el respaldo de Luque, Victoria Tolosa Paz, Kelly Olmos, Omar Félix y Lanesan Sancho, apunta a modificar el Código Penal. El objetivo central es que las prácticas más lesivas dejen de ser simples contravenciones económicas y pasen a configurar delitos graves. Entre las conductas contempladas figuran la extracción de especies durante períodos de veda, la captura de animales protegidos, la violación de zonas restringidas, el uso de artes de pesca prohibidas y el ocultamiento deliberado de carga para burlar los controles estatales.
El reclamo cobra especial densidad política en la actual coyuntura, marcada por las deliberaciones del Gobierno nacional en torno a la futura Ley de Defensa de la Soberanía Nacional y las posibles sanciones a firmas que operen con permisos ilegítimos otorgados por el Reino Unido en las Islas Malvinas.
Desde la autoría del proyecto advierten que el perjuicio económico y social de la actividad ilegal es inocultable. Al fundamentar la iniciativa, Luque remarcó que la depredación sistemática destruye fuentes laborales, debilita el porvenir de las ciudades costeras y compromete el patrimonio de todos los ciudadanos, condiciones que ameritan una respuesta punitiva firme.
Asimismo, la normativa impulsada remarca la necesidad de ir más allá del eslabón visible en alta mar. Los legisladores sostienen que el negocio clandestino se sustenta sobre una red de complicidades corporativas y financieras, por lo que la ley prevé herramientas para investigar a toda la cadena económica que lucra con el enriquecimiento ilícito a costa del mar.
El texto también endurece los castigos mediante agravantes específicos cuando las maniobras involucren ecosistemas protegidos, el empleo de sustancias tóxicas o explosivos, la connivencia de agentes estatales y la incursión de buques extranjeros sin aval legal en aguas nacionales. Con esta nueva presión reglamentaria, el bloque opositor busca forzar la discusión institucional para dotar al Estado de un instrumento legal acorde en la defensa de la soberanía y la preservación de los recursos naturales.