De los fideos y la polenta a la carne: qué cambió en la comida de los presos de Chubut

La carne volvió a formar parte de las comidas destinadas a las personas privadas de su libertad en la Alcaidía Policial de Trelew y en el Instituto Penitenciario Provincial, ubicado sobre la Ruta Nacional 3, entre Trelew y Puerto Madryn.

La modificación llegó después de semanas de cuestionamientos por la calidad de las viandas y de una intervención de la Justicia. El juez penal Marcelo Nieto Di Biase intimó al Poder Ejecutivo provincial a completar en un plazo de 72 horas el procedimiento para incorporar carne roja y mejorar el aporte proteico de las raciones.

El planteo se produjo en el marco de un hábeas corpus colectivo impulsado por internos, quienes denunciaron que durante varias semanas la alimentación se había reducido principalmente a preparaciones con fideos y polenta.

Tras la resolución, desde la Subsecretaría de Justicia se informó que se concretó una compra de carne y pollo para reforzar las comidas de ambos establecimientos penitenciarios.

Torres cuestionó el fallo y habló de "asado"

La resolución judicial generó una fuerte reacción del gobernador Ignacio Torres, quien cuestionó públicamente la medida y aseguró que su administración no iba a dar "asado a los presos todos los días".

"No vamos a acatar la medida de tener que darle asado a los presos todos los días. Eso es una locura", expresó el mandatario en declaraciones a Radio Rivadavia, donde además volvió a cuestionar lo que definió como un "garantismo berreta" dentro de la Justicia.

Sin embargo, la orden judicial no estableció que los detenidos deban recibir asado ni carne roja todos los días. La disposición apuntó a garantizar nuevamente un aporte adecuado de proteínas en las viandas y acelerar una compra que el propio Gobierno provincial ya tenía en trámite.

Reconocieron que las viandas habían perdido proteínas

Durante la audiencia, el subsecretario de Justicia, Rodrigo Miquelarena, reconoció que durante el último mes la empresa encargada de brindar el servicio había reducido unilateralmente el contenido proteico de las comidas.

La alimentación de los detenidos se encuentra tercerizada y el servicio está a cargo de Cook Master.

Desde la Defensa Pública cuestionaron el deterioro de las viandas y solicitaron mayores controles sobre la prestación. También plantearon que la calidad de las comidas mejoraba cuando se realizaban inspecciones, pero posteriormente volvía a disminuir.

Miquelarena explicó que ya existía un expediente administrativo destinado a comprar carne. Frente a esa situación, el juez aceptó esa alternativa planteada por el Ejecutivo, pero estableció un plazo de 72 horas para concretarla.

Reclamos que venían desde hacía meses

Los cuestionamientos por la alimentación no son nuevos. Las denuncias se remontan a marzo y el conflicto tuvo uno de sus momentos de mayor tensión el pasado 7 de agosto, cuando internos de la Alcaidía de Trelew quemaron colchones durante una protesta vinculada con la comida y las condiciones de las visitas.

El episodio obligó a la intervención de Bomberos y al refuerzo de la seguridad, aunque no se registraron personas heridas.

Los detenidos sostenían que llevaban alrededor de un mes recibiendo principalmente fideos y polenta. Posteriormente se reconoció que las raciones presentaban un aporte insuficiente de proteínas.

La Ley Nacional 24.660 establece que la administración debe garantizar a las personas privadas de su libertad una alimentación adecuada a sus necesidades y ajustada a criterios higiénicos y dietéticos.

Por eso, detrás de la polémica política por el supuesto "asado", la discusión judicial estuvo centrada en determinar si las viandas cumplían con las condiciones nutricionales mínimas que debe garantizar el Estado.

Qué falta conocer

Todavía resta conocer cuánto desembolsó Provincia para la compra de carne y pollo, qué cantidades fueron adquiridas y con qué frecuencia estos alimentos serán incorporados al menú.

También queda pendiente saber si habrá medidas contra la empresa responsable de las viandas por la reducción del aporte proteico y qué controles se implementarán para garantizar que la mejora de las comidas se mantenga una vez finalizada la intervención judicial.