Escándalo en Comodoro: es concejala y a la vez integra el estudio jurídico que impulsa un reclamo de $45.000 millones contra el Municipio

Comodoro Rivadavia podría enfrentar un reclamo de 30 millones de dólares, equivalente a más de $45.000 millones, por la licitación del transporte público. La suma fue anunciada por José María Ferreira de las Casas, abogado de Patagonia Argentina y titular del estudio jurídico que también integra su hija, la concejala Luciana "Lula" Ferreira.

Patagonia Argentina prestó durante años el servicio de colectivos, pero perdió la nueva concesión frente a Grupo MR, una empresa de San Luis que comenzó a operar el 1° de agosto bajo la marca Sol Bus.

La compañía desplazada cuestionó la Licitación Pública 1/2025 y denunció supuestas irregularidades en la evaluación de las ofertas. Ahora sostiene que debería ser indemnizada por las ganancias que esperaba obtener durante los diez años del nuevo contrato.

El reclamo todavía no fue reconocido por ninguna sentencia. Los 30 millones de dólares son una estimación presentada por el abogado de la empresa y no una deuda firme de la Municipalidad. Sin embargo, la cifra permite dimensionar el riesgo: representa alrededor del 15% del presupuesto anual de Comodoro y equivale a casi todo el dinero que la ciudad había previsto originalmente para obra pública durante 2026.

El Boletín Oficial de Chubut confirmó que Patagonia Argentina convocó a una asamblea extraordinaria para autorizar acciones por daños y perjuicios contra la Municipalidad y contra personas vinculadas con la licitación. Ferreira de las Casas también adelantó que buscará que la responsabilidad alcance al intendente Othar Macharashvili, a funcionarios y a los concejales que aprobaron el contrato.

El punto más controvertido es el doble rol de Luciana Ferreira. La dirigente ocupa una banca en el Concejo, ejerce como abogada en el estudio que impulsa el reclamo e integra la Comisión de Tránsito y Transporte, una de las áreas encargadas de analizar y controlar el servicio involucrado en el conflicto.

La concejala reconoció que existe un conflicto de intereses y se apartó de las votaciones relacionadas con Patagonia Argentina. Esa abstención debe ser mencionada: no está probado que haya intervenido a favor de la empresa durante la adjudicación.

Pero el apartamiento en una votación no elimina todas las preguntas. Ferreira continúa formando parte de las comisiones de Tránsito y Transporte y de Revisión de Cuentas, Obras y Servicios Públicos. Por eso resulta necesario conocer si participó de reuniones, deliberaciones o intercambios de información relacionados con una concesión que afecta directamente a un cliente del estudio de su familia.

Tampoco es el primer enfrentamiento entre ese espacio jurídico y el Municipio. Documentos presupuestarios oficiales registraron anteriormente distintas causas promovidas por José María Ferreira de las Casas contra la Municipalidad de Comodoro Rivadavia. En el presupuesto publicado a fines de 2023 aparecieron dos reclamos a su nombre, mientras que el presupuesto de 2019 ya incluía una acción de amparo iniciada en 2017.

Litigar contra el Estado es un derecho y no constituye por sí mismo una irregularidad. El problema aparece cuando una integrante del estudio que representa a una empresa enfrentada con la Municipalidad ocupa simultáneamente una banca y espacios institucionales relacionados con el mismo servicio público.

Patagonia Argentina todavía deberá explicar cómo calculó los 30 millones de dólares. No es lo mismo proyectar diez años de facturación que demostrar una ganancia neta después de descontar salarios, combustible, mantenimiento, impuestos, renovación de unidades y riesgos operativos.

También tendrá que probar que fue excluida de manera ilegítima y que tenía posibilidades concretas de ganar la licitación. Hasta el momento, ninguna sentencia declaró nulo el procedimiento ni responsabilizó personalmente a Othar, a los funcionarios o a los concejales.

El caso combina una licitación cuestionada, un reclamo multimillonario y una concejala que integra tanto el estudio de la empresa demandante como la comisión encargada del transporte. Aunque no alcanza para afirmar que existió una maniobra ilegal, el cuadro exige explicaciones públicas y transparencia completa.

Cuando están en riesgo más de $45.000 millones de recursos municipales, abstenerse de votar es apenas el primer paso. Los vecinos también tienen derecho a saber quién accedió a la información, quién intervino en cada instancia y cómo se administró un conflicto de intereses que hoy amenaza con convertirse en una factura millonaria para toda la ciudad.