EXCLUSIVO: Profand denuncia la rescisión unilateral del contrato por Alpesca
La empresa afirma que el Gobierno de Chubut dio por terminado de manera unilateral el contrato para la explotación de los activos de Alpesca, pese a que cumplió con todas las obligaciones, realizó inversiones y pidió formalmente los permisos y buques exigidos en el acuerdo. El planteo contradice la versión oficial y reabre el debate por la seguridad jurídica en la pesca provincial.
Profand difundió un comunicado en el que afirma que el Gobierno de Chubut le rescindió de manera unilateral el acuerdo de explotación de los activos de Alpesca, a horas del inicio de la zafra. La compañía sostiene que cumplió con todas las obligaciones asumidas, realizó inversiones para la puesta a punto de la planta y garantizó la contratación y el pago de salarios desde la toma de posesión. También detalla que el 4 de noviembre solicitó formalmente la entrega de permisos de pesca y buques -condición expresa del contrato- y que, pese a ello, la Provincia dio por finalizado el vínculo sin un entendimiento previo.
El choque con la narrativa oficial es total. Mientras el gobernador Ignacio Torres hizo trascender que existía un "ordenamiento" o "transición" para no frenar la temporada, Profand plantea lo contrario: no hubo acuerdo, hubo rescisión. Si el Ejecutivo sostiene que existió un entendimiento, debe exhibir el instrumento administrativo correspondiente: resoluciones, actas, dictámenes y firmas que indiquen quién asumió qué obligaciones, con qué plazos y bajo qué fundamentos.
La decisión de cambiar de operador en cuestión de días -primero Profand, luego el retorno acelerado de Red Chamber- deja a la vista un cuadro de inestabilidad regulatoria que erosiona la seguridad jurídica: permisos "exprés", habilitaciones precarias y motivaciones que mutan sin respaldo documental público. Más aún cuando, en paralelo, sigue flotando la acusación por un presunto pedido de coimas por US$ 6,5 millones descripto por Red Chamber en una demanda ante la justicia de Estados Unidos.
Las preguntas que el gobierno debe responder son elementales: ¿dónde están los dictámenes técnicos y jurídicos que avalan la salida de Profand y la reconfiguración inmediata a favor de Red Chamber? ¿Qué evaluación comparativa justificó el giro? ¿Qué acto dejó sin efecto las "irregularidades" que el propio gobernador invocó para desplazar a Red Chamber meses atrás? Sin expedientes completos, publicidad de los fundamentos y respeto al procedimiento, cada permiso nace impugnable y cada movimiento luce arbitrario.
En un sector estratégico y de fuerte impacto social como la pesca, la falta de reglas claras no es un detalle: es el corazón del problema. Hoy, Chubut exhibe un cuadro donde la seguridad jurídica está en cuestión y las decisiones clave parecen atadas a la coyuntura política más que a la legalidad y al interés público.
Este es el comunicado completo de la empresa:
"COMUNICADO DE PRENSA
Profand manifiesta su consternación ante la rescisión unilateral del acuerdo de explotación de los activos de Alpesca
15 de noviembre de 2025.- En relación con la decisión comunicada por el Gobierno de la Provincia del Chubut respecto a la rescisión unilateral del acuerdo de explotación de los activos de Alpesca, formalizado el pasado 30 de septiembre, Profand considera necesario informar lo siguiente:
En primer lugar, Profand ha cumplido estrictamente con todas y cada una de las obligaciones establecidas en dicho acuerdo.
Desde la toma de posesión y hasta la fecha, la compañía ha realizado importantes inversiones en la puesta a punto de la planta y ha afrontado de manera íntegra la contratación y pago de salarios del personal. En este contexto, toma conocimiento de una eventual rescisión del contrato, a escasas horas del inicio de la campaña de langostino en aguas provinciales.
Asimismo, el pasado día 4 de noviembre, Profand solicitó formalmente al Gobierno de la Provincia la entrega de los permisos de pesca y de los buques pesqueros de Alpesca S.A. a Pesquera Deseado, con el fin de garantizar la explotación integral y total de los activos, tal y como determina el contrato de arrendamiento suscrito entre ambas partes.
Sin embargo, la administración provincial ha alegado ahora su imposibilidad de cumplir con las obligaciones asumidas en el marco del acuerdo con Profand y ha decidido dar por finalizado el contrato de manera unilateral.
La medida adoptada por la administración provincial constituye una rescisión unilateral del contrato de arrendamiento.
Ante esta situación, desde Profand manifestamos nuestra consternación por la decisión adoptada y reafirmamos nuestra voluntad de defender los intereses legítimos de la compañía frente al incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del Gobierno de la Provincia del Chubut. Este hecho refleja, además, una preocupante afectación de la seguridad jurídica que afecta negativamente al desarrollo de las empresas en el país.
Por último, la empresa expresa su agradecimiento a todo el equipo por el compromiso, el esfuerzo y el trabajo dedicados para lograr la puesta a punto de la planta en un plazo tan breve."
