Humanidades reconoció errores en el caso Bruno Sancci: qué ocurrió para que finalmente fuera reincorporado

La Facultad de la UNPSJB admitió que las demoras y fallas durante la tramitación impidieron alcanzar a tiempo una decisión definitiva jurídicamente válida. Parte de los hechos denunciados terminó prescripta y la Justicia ordenó su reincorporación una vez vencida la suspensión preventiva.

Equipo de redacción de Madryn Ahora

La Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la UNPSJB reconoció públicamente que existieron errores y demoras durante la tramitación del caso Bruno Sancci, quien finalmente fue reincorporado después de años de actuaciones administrativas y judiciales.

La institución difundió un comunicado para explicar el recorrido del expediente y responder a las inquietudes planteadas dentro de la comunidad universitaria.

"La duración excesiva de las actuaciones y los errores cometidos en distintas etapas de su tramitación impidieron alcanzar oportunamente una decisión definitiva y jurídicamente válida", reconoció la Facultad.

De una cesantía unánime a la nulidad

El caso comenzó a tramitarse en 2019, después de una presentación colectiva relacionada con situaciones de discriminación y violencia de género.

Se abrió un sumario administrativo y Sancci fue suspendido preventivamente.

Según explicó Humanidades, la investigación incorporó testimonios, declaraciones y documentación. El instructor sumariante concluyó que existía responsabilidad administrativa y recomendó la cesantía.

En junio de 2022, el Consejo Directivo decidió por unanimidad cesantearlo.

Posteriormente, el Consejo Superior analizó el caso. Aunque consideró prescriptas las acciones disciplinarias vinculadas con varios hechos, entendió que existía otro episodio no prescripto y también dispuso la cesantía.

Sancci acudió entonces a la Justicia.

Qué dijo la Cámara Federal

En abril de 2023, la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia declaró nula la resolución del Consejo Superior debido a deficiencias detectadas en el procedimiento administrativo.

Humanidades aclaró en su comunicado que el tribunal no se pronunció sobre la veracidad de las denuncias.

Según la institución, la decisión judicial estuvo relacionada con problemas en la delimitación de los hechos, las conclusiones del sumario y el ejercicio del derecho de defensa.

Por ese motivo, la Facultad sostuvo que aquella nulidad "no constituyó una declaración de inocencia ni estableció que las denuncias fueran falsas".

El tiempo terminó siendo determinante

Después del fallo se impulsaron nuevas actuaciones.

En mayo de 2025, el Consejo Directivo decidió enviar los antecedentes a juicio académico. Sin embargo, la Facultad afirmó que las autoridades ejecutivas del Rectorado y el Decanato de aquel momento no iniciaron oportunamente ese juicio ni el nuevo sumario solicitado.

El paso del tiempo terminó teniendo consecuencias jurídicas.

En abril de 2026, la Cámara declaró prescriptos los hechos incluidos en denuncias de diciembre de 2018 y junio de 2019.

Humanidades explicó que la prescripción impide aplicar una sanción por esos hechos debido al tiempo transcurrido, pero no supone por sí misma una determinación sobre si ocurrieron o no.

Por qué volvió

En la misma resolución judicial se permitió continuar investigando administrativamente otro episodio posterior y se convalidó una suspensión preventiva durante un máximo de tres meses.

La Cámara estableció que, una vez cumplido ese plazo, Sancci debía ser reincorporado si la Universidad no había dictado válidamente una nueva cesantía o no existía otra circunstancia normativa que lo impidiera.

El plazo finalizó y la UNPSJB cumplió la resolución judicial y concretó la reincorporación.

Humanidades aseguró que durante todo el proceso acató las decisiones de la Justicia y sostuvo que el regreso de Sancci no elimina los antecedentes incorporados en los sumarios ni las decisiones adoptadas anteriormente por sus órganos colegiados.

La Facultad cerró su comunicado reafirmando su compromiso con la protección de estudiantes y trabajadores, la perspectiva de género y, al mismo tiempo, el respeto del debido proceso y las garantías constitucionales de todas las personas involucradas.

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