Luque pidió explicaciones por un aumento del gas que afectaría a 126 mil usuarios vulnerables

El diputado nacional Juan Pablo Luque presentó en la Cámara de Diputados un pedido de informes al Poder Ejecutivo Nacional para conocer en detalle el mecanismo dispuesto por el ENREGE para trasladar a los usuarios el repago de créditos tomados por Camuzzi Gas del Sur para financiar obras del gasoducto Cordillerano-Patagónico.

Según indicó, el esquema contempla un 35% de aumento sobre el cargo fijo y alcanzaría a 126.711 usuarios de 25 localidades de Chubut, Río Negro y Neuquén.

La medida afectaría a más de 32 mil usuarios chubutenses de la cordillera, precordillera y comarca andina. Entre las localidades alcanzadas se encuentran Esquel, Trevelin, Lago Puelo, El Hoyo, El Maitén, Cholila, Epuyén, Tecka, Corcovado, Gobernador Costa, José de San Martín, Río Mayo, Alto Río Senguer y Río Pico.

La Resolución ENREGE N.º 575/2026, publicada el 8 de septiembre, abrió una consulta pública para determinar un cargo específico destinado a cancelar los créditos.

El cuestionamiento al esquema financiero

El pedido de informes pone el foco en la estructura financiera de la operación. Según la documentación del propio ENREGE, el capital desembolsado fue de $25.800 millones, pero la capitalización de intereses e IVA durante el período de gracia elevó el monto a $35.111 millones antes de comenzar la amortización.

Esto representa un sobrecosto de $9.311 millones, al que se sumarían los intereses durante las 48 cuotas de amortización, además de gastos, comisiones e impuestos.

El cargo específico propuesto equivaldría al 35% del cargo fijo de cada categoría tarifaria.

"No podemos aceptar que una vez más sean los usuarios más vulnerables los que terminen pagando los costos de decisiones financieras que no tomaron", sostuvo Luque.

El diputado también cuestionó la aplicación uniforme del cargo y pidió precisiones sobre el impacto en localidades de la meseta central chubutense, entre ellas Gobernador Costa, José de San Martín, Río Mayo, Río Pico, Tecka y Alto Río Senguer.

Según planteó, estas localidades presentan indicadores socioeconómicos inferiores a los de otras zonas alcanzadas y el mecanismo no contempla medidas específicas de atenuación para los usuarios más vulnerables.

Reclamo por la consulta pública

Luque también cuestionó el plazo de 15 días hábiles establecido para la consulta pública, al considerar la complejidad técnica y financiera de la medida, la cantidad de usuarios involucrados y las dificultades de conectividad existentes en distintas localidades de la meseta y la cordillera chubutense.

"Quiero saber quién decidió este esquema, por qué se eligió una tasa variable, qué alternativas se evaluaron y cuánto terminarán pagando realmente las familias chubutenses", señaló.

Finalmente, sostuvo: "Antes de cargar otro costo sobre las familias patagónicas, necesitamos transparencia, información y respuestas. El gas es un servicio esencial y los usuarios no pueden ser la variable de ajuste de una ingeniería financiera que todavía no está suficientemente explicada".