Polémica en Chubut: Torres impulsa un proyecto que habilita el espionaje digital
El gobernador de Chubut, Ignacio "Nacho" Torres, presentó en la Legislatura el Proyecto de Ley 071/25, que ya genera fuertes cuestionamientos por parte de organizaciones políticas, sociales y sindicales, quienes lo califican como un avance inédito sobre los derechos y libertades ciudadanas.
Los puntos más polémicos del proyecto
Según el texto ingresado a la Legislatura, el proyecto establece:
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La posibilidad de escuchar y grabar conversaciones privadas sin orden judicial.
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La obligación de desbloquear celulares con huella digital, incluso con uso de la fuerza policial.
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La autorización para obligar a abrir los párpados de una persona y captar el iris en casos de negativa.
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La creación de agentes encubiertos digitales para infiltrarse en grupos o comunidades virtuales.
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El permiso para espiar a terceros, sin establecer limitaciones claras.
El nombre formal de la iniciativa es:
"Investigación, prevención y lucha contra los delitos complejos y la cibercriminalidad. Regulación de la evidencia digital y de las herramientas informáticas aplicadas a la investigación penal, agente encubierto digital y el acceso remoto a dispositivos electrónicos".
Críticas y advertencias
Desde distintos sectores ya se advirtió que, de aprobarse, la ley significaría la violación del derecho a la privacidad y podría afectar directamente la libertad de expresión y de prensa.
En particular, se alertó que las facultades incluidas en el texto podrían usarse para la persecución de activistas, dirigentes sindicales, comunidades originarias o movimientos sociales, más que para combatir delitos complejos como el narcotráfico o la trata.
Un editorial publicado en Prensa Obrera sostuvo que el proyecto busca "legalizar el espionaje a los que luchan" y constituye un "avance de un Estado policial" en la provincia.
El gobernador Torres ya había anticipado la necesidad de "modernizar herramientas de seguridad" frente al avance del narcotráfico y la ciberdelincuencia. Sin embargo, la redacción amplia del proyecto habilita prácticas que hasta ahora solo eran propias de regímenes de excepción, lo que desató un debate sobre los límites constitucionales del control estatal.
