Trelew: Personas con discapacidad en riesgo por falta de pagos del programa Incluir Salud en Chubut
La Defensoría Pública de Chubut encendió las alarmas: una institución que atiende a personas con discapacidad múltiple en Trelew lleva meses sin recibir los fondos del programa federal Incluir Salud, y la situación ya amenaza la continuidad de sus servicios.
Se trata de la Asociación Civil NICADPI, un centro de día que asiste a personas con discapacidad de alta complejidad. Según un documento oficial fechado el 9 de marzo de 2026, la deuda se acumula desde noviembre y dejó a la institución sin recursos para pagar salarios ni cubrir gastos básicos.
Una deuda que no es solo administrativa
La Defensoría Civil de Trelew envió una nota formal a la Secretaría y Subsecretaría de Salud provincial exigiendo la cancelación urgente de los montos adeudados. En el texto, los defensores públicos advierten que NICADPI atraviesa una "situación de asfixia financiera insostenible" y que, de no resolverse, los beneficiarios podrían quedarse sin atención.
El planteo va más allá de un problema de caja: la Defensoría sostiene que los retrasos sistemáticos en los pagos constituyen una vulneración de derechos fundamentales. La Ley 24.901 obliga al Estado a garantizar la cobertura integral de tratamientos, rehabilitación y asistencia para personas con discapacidad. Y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad advierte que interrumpir estos servicios puede configurar trato cruel e inhumano por omisión.
Qué se le pidió al Estado provincial
El reclamo fue presentado con carácter de pronto despacho -es decir, con carácter de urgencia- y tiene dos exigencias concretas:
Pago inmediato de todas las prestaciones adeudadas por Incluir Salud a NICADPI.
Garantía de continuidad de los servicios para los beneficiarios del centro.
Por qué importa
Las personas que asisten a NICADPI tienen discapacidades múltiples y dependen directamente de los cuidados que brinda la institución. Cualquier interrupción del servicio no es un inconveniente menor: puede afectar su salud, su seguridad y su calidad de vida de manera inmediata.
El caso visibiliza un problema que se repite en distintos puntos del país: cuando el Estado demora los pagos a prestadores de salud para personas con discapacidad, quienes terminan pagando las consecuencias son los más vulnerables.