El Gobierno reglamentó la ciudadanía para extranjeros que realicen grandes inversiones
El decreto 524/2025 establece que los inversores relevantes podrán acceder a la nacionalidad sin cumplir con los plazos de residencia. Habrá controles de seguridad y evaluación del impacto económico.
Este jueves, el Gobierno nacional oficializó el procedimiento que permite a extranjeros obtener la ciudadanía argentina por la vía de la inversión significativa, sin necesidad de cumplir los plazos de residencia habituales. La medida fue reglamentada a través del Decreto 524/2025, firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y el ministro de Economía Luis Caputo.
La norma da forma a un mecanismo contemplado en la reforma migratoria aprobada en mayo, conocido como "ciudadanía por inversión", con el objetivo de fomentar el ingreso de capitales, generar empleo y dinamizar la economía nacional.
El texto establece que los solicitantes deberán realizar una inversión considerada de "relevancia económica" en el país. Para gestionar las solicitudes, se crea la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión, bajo la órbita del Ministerio de Economía. Esta entidad evaluará el cumplimiento de los requisitos económicos y será la encargada de emitir informes técnicos.
Además, antes de otorgar la ciudadanía, el procedimiento exige verificar que el solicitante no represente un riesgo para la seguridad o los intereses del Estado argentino. Para ello, se solicitarán informes a organismos como la Unidad de Información Financiera (UIF), el RENAPER, el Registro Nacional de Reincidencia, la Secretaría de Inteligencia (SIDE) y el Ministerio de Seguridad. Si alguno desaconseja el otorgamiento o si la inversión no cumple los requisitos, la solicitud será rechazada.
La Dirección Nacional de Migraciones tendrá 30 días hábiles para resolver cada expediente una vez recibido el informe de la Agencia. Asimismo, se habilitará la gestión de CUIT a través de la ARCA para los nuevos ciudadanos que ingresen por este régimen especial.
El Gobierno afirmó que esta medida busca "agilizar los procesos administrativos sin resignar controles esenciales", promoviendo así un nuevo enfoque en materia migratoria y de atracción de inversiones.
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