Castigo ejemplar en Trelew: vendió una casa del IPV que le dieron en 2021 y no podrá inscribirse nunca más
Se prohibió de forma definitiva a la mujer, volver a inscribirse en cualquier plan habitacional. La vivienda del barrio SETIA había sido entregada en 2021. Ahora evalúan qué pasará con la familia que compró el inmueble de manera irregular.
El Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano (IPV) de Chubut tomó una drástica determinación tras detectar una grave irregularidad en la ciudad de Trelew. A través de una auditoría, el organismo constató que una mujer beneficiaria de una vivienda social nunca se mudó a la propiedad y, en cambio, decidió comercializarla de manera particular, violando la normativa vigente para la adjudicación de soluciones habitacionales del Estado.
La medida quedó oficialmente plasmada a través de la Resolución Nº 204/2026, la cual lleva la firma del gerente general del Instituto, el ingeniero Alejandro Asensio. El documento regulatorio fue publicado de manera formal en el Boletín Oficial Nº 14855.
Fin de la adjudicación y sanción de por vida
La propiedad en conflicto se encuentra ubicada sobre la calle Maipú, dentro del Barrio "26 viviendas - SETIA" de Trelew, y había sido otorgada originalmente en el año 2021. Tras comprobarse el nulo arraigo de la adjudicataria original y la posterior transacción comercial clandestina, el IPV dictaminó la revocación inmediata del beneficio.
Además de retirarle la titularidad del inmueble, el Estado provincial aplicó una dura sanción económica y social a la infractora: se resolvió que quedará impedida de forma definitiva para registrarse o postularse en el futuro como adjudicataria, beneficiaria o participante de cualquier tipo de operatoria o plan de viviendas ejecutado a través del IPV en todo el territorio de Chubut.
Incertidumbre para los compradores
Con la baja de la adjudicataria original confirmada, el escenario más complejo se traslada ahora hacia el interior de la vivienda. Desde el organismo habitacional señalaron que resta analizar y resolver la situación legal y de permanencia de la familia que adquirió la unidad habitacional de buena fe -pero de forma totalmente irregular-, dado que realizaron la compra de la estructura sin dar aviso ni intervención previa a las autoridades del IPV.
Fuente: Diario Jornada.