El método Conarpesa: Álvarez Castellano los acusó, los despidió, los maltrató y ahora no quiere indemnizar a 16 trabajadores

Después de las acusaciones públicas y los 39 despidos, 16 trabajadores rechazan volver en las condiciones ofrecidas y reclaman los salarios de la conciliación obligatoria y las indemnizaciones que consideran correspondientes. Mientras los recursos pesqueros de Chubut generan riqueza, continúa abierta una pregunta central: ¿quién protege los derechos y la dignidad de quienes trabajan?

Fernando Álvarez Castellano pasó de anunciar que se ocuparía de "cagarles muchos más días" a los trabajadores a acusar a una jueza de "animosidad" y "mala leche", denunciar una supuesta "asociación ilícita" y pedir su destitución. Ahora, 16 de los 39 despedidos reclaman los salarios de la conciliación obligatoria y, según el STIA, la indemnización que Conarpesa se niega a reconocer.

Primero los acusaron. Después los despidieron. Más tarde les ofrecieron regresar sin retirar públicamente las imputaciones ni reconocer que las cesantías hubieran sido equivocadas. Ahora, cuando 16 trabajadores rechazan volver bajo esas condiciones y reclaman los salarios e indemnizaciones que consideran que les corresponden, Conarpesa intenta presentarlos como personas que prefieren cobrar antes que trabajar.

Es un nuevo capítulo de lo que ya puede identificarse como el método Conarpesa: convertir un reclamo laboral en una acusación, aplicar el castigo antes de que se determinen responsabilidades individuales y, cuando la presión obliga a retroceder, presentar la reincorporación como una concesión personal del dueño.

Los trabajadores forman parte del grupo de 39 empleados efectivos de temporada despedidos después del conflicto ocurrido el 15 de julio en las oficinas administrativas de la pesquera. Ese día reclamaban ser convocados a trabajar en cumplimiento de un acuerdo que, según el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación, alcanzaba a unos 85 operarios.

Conarpesa sostuvo que durante la protesta existió una ocupación violenta, intimidaciones y amenazas. El sindicato negó esa caracterización y afirmó que se trató de un reclamo provocado por el incumplimiento de la convocatoria laboral. La empresa no esperó una sentencia que determinara qué había hecho cada trabajador: identificó personas, envió 39 telegramas de despido con causa y promovió una denuncia penal.

"ME OCUPARÉ DE CAGARLES MUCHOS MÁS DÍAS"

Antes de que llegaran los telegramas, Fernando Álvarez Castellano ya había anticipado públicamente cuál sería su respuesta. "Me cagaron el día de ayer, pero yo me ocuparé de cagarles muchos más días a ellos", declaró el presidente de Conarpesa.

También llamó "energúmenos" y "violentos" a quienes participaron del reclamo, habló de personas que hacían "estupideces" y afirmó que ningún sindicalista ni político iba a decirle qué hacer "en mi casa". Como si una empresa que explota un recurso público, utiliza infraestructura provincial y depende de permisos otorgados por el Estado pudiera manejarse como una propiedad personal en la que solamente cuenta la voluntad de su dueño.

Las declaraciones no fueron una interpretación sindical ni una frase reconstruida por terceros. La propia Conarpesa las reprodujo en su sitio institucional. Dos días después comenzaron a conocerse los despidos y la amenaza de "cagarles muchos más días" se transformó en 39 telegramas.

Según Luis Núñez, secretario general del STIA, cuatro de las personas despedidas ni siquiera habían estado en el lugar donde supuestamente ocurrieron los hechos utilizados para justificar las cesantías. Esos trabajadores fueron reincorporados posteriormente. El dato deja una pregunta que la empresa todavía debería contestar: qué procedimiento utilizó para determinar responsabilidades individuales antes de despedir a 39 personas.

DEL "NO VAMOS A DAR MARCHA ATRÁS" A LAS REINCORPORACIONES

Álvarez Castellano aseguró inicialmente que no iba a revisar su decisión. "Cuando tomo una decisión es muy difícil que vuelva atrás", declaró al ratificar los despidos. También afirmó que tenía razón, que lo amparaba la ley laboral y que las cesantías habían sido dispuestas con justa causa.

Sin embargo, un mes después anunció la readmisión de 30 de los 39 trabajadores. No presentó la decisión como el reconocimiento de un error, como el resultado de la conciliación obligatoria ni como una rectificación frente a personas cuya responsabilidad no había sido demostrada. Dijo que había decidido escuchar un pedido del gobernador Ignacio Torres y de funcionarios del Gobierno provincial.

El empresario dividió entonces a los trabajadores entre quienes, según su versión, habían sido "engañados" para participar de la protesta y quienes habrían tenido una responsabilidad mayor. Conarpesa anunció que mantendría los despidos y las acciones judiciales contra nueve personas.

La fórmula dejó a los empleados frente a una encerrona. Para regresar debían aceptar una readmisión presentada como un favor del empresario y no como la restitución de una relación laboral afectada por una medida posiblemente injustificada. También debían volver sin que la compañía reconociera públicamente que se había equivocado al acusarlos y despedirlos.

Para trabajadores con años de antigüedad, aceptar esas condiciones significaba regresar como supuestos culpables perdonados por Álvarez Castellano y no como empleados que habían reclamado el cumplimiento de un acuerdo laboral.

"LOS TRABAJADORES TIENEN DIGNIDAD"

Luis Núñez confirmó en LU20 Radio Chubut que 16 de los trabajadores originalmente despedidos no aceptan la reincorporación en los términos planteados por Conarpesa. "Los trabajadores tienen dignidad y no aceptan que los echen, los acusen de cosas que no hicieron y después digan que los retoman porque son buenos", explicó el dirigente.

De acuerdo con la versión sindical, algunos solo contemplarían regresar mediante una resolución judicial que los desligue de las acusaciones. Otros reclamarán la indemnización correspondiente a un despido que consideran sin justa causa.

La definición jurídica todavía está abierta. Conarpesa sostiene que existió una causa suficiente para despedirlos. El STIA afirma que esa causa fue inexistente y que corresponde el pago de las indemnizaciones. Si no existe un acuerdo, será la Justicia laboral la que determine cuál de las dos posiciones se ajusta a derecho.

Lo que no puede afirmarse seriamente es que los trabajadores no querían trabajar. El conflicto comenzó precisamente porque reclamaban ser convocados para ingresar a la planta y cumplir el acuerdo firmado. "No querían la plata, querían trabajar en su momento", resumió Núñez.

Fue Conarpesa la que decidió romper los vínculos laborales. Ahora pretende utilizar el reclamo indemnizatorio nacido de esos despidos para presentar a los operarios como personas que prefieren cobrar antes que regresar a sus puestos.

LA GACETILLA CONTRA LOS TRABAJADORES

La compañía difundió una publicación titulada "Insólito: 7 de los reincorporados por Conarpesa prefieren la indemnización antes que volver a trabajar". El título reduce el conflicto a una elección aparentemente sencilla: trabajar o cobrar. Pero omite que fue la propia empresa la que primero envió los telegramas, atribuyó conductas graves a los empleados y promovió acciones penales.

También existe una diferencia numérica que debe aclararse. Conarpesa habla de siete trabajadores que prefieren cobrar una indemnización. El STIA y Radio Chubut identifican a 16 que no aceptan regresar bajo las condiciones ofrecidas. La contradicción solamente puede resolverse con las listas nominales de despedidos, readmitidos y trabajadores que efectivamente rechazaron la propuesta.

Pero cualquiera sea el número definitivo, el argumento empresario invierte el orden de los acontecimientos. Los trabajadores no abandonaron voluntariamente un empleo que conservaran con normalidad. Fueron despedidos, acusados y expuestos públicamente. Recién después recibieron una oferta para volver que no fue presentada como una rectificación, sino como una "gauchada" realizada por pedido del Gobierno provincial.

LOS 35 DÍAS QUE TAMPOCO LES PAGARON

La indemnización no es el único dinero reclamado. Los trabajadores exigen además el pago de los 35 días durante los cuales estuvo vigente la conciliación obligatoria dictada por la Secretaría de Trabajo.

La medida debía retrotraer temporalmente el conflicto. Conarpesa la impugnó y mantuvo las cesantías. El STIA sostiene que la impugnación no suspendía su vigencia y que la empresa debía reincorporar a los trabajadores, convocarlos a prestar tareas y pagar los haberes correspondientes.

Según el dirigente José Díaz, Álvarez Castellano respondió mediante un mensaje que no pagaría nada hasta que lo ordenara un juez. La Secretaría de Trabajo deberá determinar si la empresa incumplió la conciliación y si corresponde aplicarle sanciones. Mientras tanto, las familias continúan sin cobrar y deben recurrir a la Justicia para reclamar salarios que, según el sindicato, debieron ser abonados durante la instancia administrativa.

El contraste es evidente. Cuando el pesquero J. Barreiro permaneció inmovilizado, Conarpesa calculó públicamente cuánto dinero perdían sus tripulantes y trabajadores por cada jornada sin actividad y exigió una respuesta judicial urgente. Pero cuando se trata de pagarles a los empleados despedidos durante los 35 días de conciliación, la compañía sostiene que esperará hasta que un juez la obligue.

CUANDO LA JUSTICIA NO LE DA LA RAZÓN

La conducta no se limita al conflicto con los trabajadores. Álvarez Castellano trasladó el mismo método a la Justicia laboral. Primero cuestionó que unas cuarenta sentencias adversas a sus empresas llevaran la firma de la jueza Amorina Testino. Después habló de "animosidad", sostuvo que "acá hay algo que huele mal" y acusó públicamente a una jueza y a un abogado de integrar una supuesta "asociación ilícita".

Cuando el J. Barreiro continuó inmovilizado pese a que Testino había ordenado levantar el embargo y la interdicción, el empresario afirmó que no podía pensar otra cosa que la magistrada hubiera actuado con "mala leche". Finalmente, Agropez, empresa del Grupo Conarpesa, presentó una denuncia ante el Consejo de la Magistratura para que se investigue a Testino y se evalúe su eventual destitución.

Presentar una denuncia es un derecho. Apelar una sentencia también. Lo que define el método es la secuencia: cada persona, autoridad u organismo que contradice los intereses de la empresa termina señalado públicamente. Primero fueron los trabajadores. Después los dirigentes sindicales. Luego la Secretaría de Trabajo. Finalmente, una jueza laboral.

Si los empleados reclaman, son "energúmenos" o "violentos". Si no aceptan una reincorporación bajo acusación, se dice que prefieren cobrar antes que trabajar. Si la autoridad laboral ordena retrotraer los despidos, Conarpesa impugna la conciliación. Si una jueza dicta sentencias adversas, Álvarez Castellano habla de "animosidad", "mala leche" y "asociación ilícita" y promueve su destitución.

EL MÉTODO CONARPESA

Álvarez Castellano anunció que se ocuparía de "cagarles muchos más días". Después llegaron los 39 telegramas. Dijo que nunca daría marcha atrás. Después ofreció reincorporar a 30 trabajadores, pero presentó la decisión como una concesión personal y no como una rectificación. Sostuvo que algunos habían sido engañados o estaban arrepentidos. Ahora califica de "insólito" que parte de ellos no acepte regresar y reclame una indemnización.

La secuencia permite describir el método sin agregar acusaciones que no puedan probarse: castigar primero, discutir las responsabilidades después y presentar cualquier retroceso como un favor del patrón. Si el trabajador acepta, regresa bajo las condiciones impuestas por la compañía. Si no acepta, queda expuesto públicamente como alguien que prefiere el dinero antes que el trabajo.

Mientras tanto, continúan pendientes la situación penal, los salarios de los 35 días de conciliación obligatoria, la continuidad de la antigüedad y la legitimidad de las causas utilizadas para despedir.

Los 16 trabajadores no rechazaron el empleo que tenían. Cuestionan las condiciones con las que Conarpesa pretende hacerlos regresar después de haberlos acusado, despedido y maltratado públicamente.

La indemnización deberá resolverse en el ámbito correspondiente. Pero la dignidad no depende de una sentencia. Y mientras Chubut permita que Álvarez Castellano administre los recursos pesqueros de todos como si fueran propios, maltrate a los trabajadores y ataque a las instituciones cada vez que alguien contradice sus intereses, será difícil hablar de justicia.