"El que paga soy yo": la respuesta del dueño de Conarpesa mientras el STIA amenaza con un paro en Chubut

El enfrentamiento entre Conarpesa y el Sindicato de Trabajadores de Industrias de la Alimentación (STIA) volvió a escalar. Mientras el gremio exige controles sobre las liquidaciones salariales y el peso del langostino que ingresa a las plantas, el presidente del grupo empresario confirmó que mantendrá su propuesta de trabajo e incentivos a la producción. 

"El que paga soy yo, no sé qué pretenden", sostuvo Fernando Álvarez Castellano en una publicación difundida por la propia compañía este 14 de octubre. La declaración expone la distancia entre las partes: el empresario defiende su esquema productivo y el sindicato reclama que las condiciones de pago se ajusten al convenio colectivo. 

La controversia no se limita a cuánto pretende producir la empresa, sino a cómo se calcula y remunera el trabajo necesario para hacerlo. La propuesta empresarial combina una base por cajón con un adicional por kilo de langostino entero para quienes realizan tareas de clasificación. 

Conarpesa la presenta como un incentivo para incrementar el procesamiento y ampliar la actividad. Álvarez Castellano también aseguró que el 90% de los trabajadores de Puerto Madryn había firmado su aceptación, una cifra difundida por la empresa que no fue verificada de manera independiente. El STIA sostiene una posición diferente. 

En la presentación realizada el 2 de octubre ante la Secretaría de Pesca, que también alcanza a Agropez y Wofco, cuestionó la modalidad de pago por cajón y pidió una intervención conjunta con la autoridad laboral. Según el planteo sindical, la remuneración por producción debe calcularse sobre el kilaje neto procesado y los valores previstos en el convenio. Por eso, el peso de los cajones resulta central en la disputa: el gremio denuncia que una diferencia entre la materia prima efectivamente trabajada y la reconocida para liquidar los salarios puede perjudicar a los operarios. Esas acusaciones requieren verificación administrativa y no equivalen, por sí mismas, a infracciones comprobadas. 

La advertencia de una medida de fuerza ya había sido planteada a comienzos de octubre. El sindicato señaló que, si no obtiene respuestas, evaluará un paro por tiempo indeterminado en los parques industriales pesqueros de Madryn, Rawson y Comodoro. Se trata de una posibilidad anunciada por el gremio, no de una huelga con fecha de inicio confirmada. El conflicto arrastra antecedentes desde julio, cuando se produjeron 39 despidos y la Secretaría de Trabajo dictó una conciliación obligatoria por 15 días hábiles. 

La empresa vinculó las cesantías con los incidentes denunciados durante una protesta, mientras los trabajadores rechazaron las acusaciones y reclamaron su reincorporación. Aquella intervención provincial no consiguió cerrar la disputa. A fines de agosto, el STIA volvió a manifestarse frente a la planta de Puerto Madryn y denunció salarios pendientes del período conciliatorio. 

En ese momento, según la explicación gremial, 16 trabajadores habían decidido no regresar bajo las condiciones ofrecidas y evaluaban acciones judiciales. Ese antecedente no permite establecer, sin una actualización, si los haberes reclamados continúan impagos. Ahora, la discusión por el sistema de remuneración vuelve a colocar al Gobierno de Chubut frente a un reclamo concreto de fiscalización. 

La empresa anuncia más producción y sostiene su propuesta; el sindicato exige controles y amenaza con extender las medidas. La respuesta provincial deberá precisar qué se inspeccionó, qué se comprobó y qué medidas corresponden. Las promesas de mayor actividad necesitan traducirse en empleo y remuneraciones ajustadas a las condiciones laborales aplicables.