La ONU cuestionó el referéndum de los fueros en Chubut y respaldó la postura de la Magistratura

Un pronunciamiento de la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre la independencia de magistrados y abogados advirtió que la eliminación de los fueros judiciales en Chubut no se ajusta a los estándares internacionales de derechos humanos y puede poner en riesgo la independencia del Poder Judicial.

La Relatora Especial de la ONU sobre la independencia de magistrados y abogados, Margaret Satterthwaite, expresó su preocupación por la reforma constitucional impulsada en la provincia del Chubut que eliminó la inmunidad judicial a través de un referéndum popular. En una comunicación formal dirigida al Estado argentino, sostuvo que las modificaciones introducidas a los artículos 247 y 248 de la Constitución provincial no cumplen con los estándares internacionales en materia de independencia judicial y derecho a un juicio justo.

El documento, fechado el 14 de enero de 2026, remarca que la inmunidad judicial no constituye un privilegio personal, sino una garantía institucional indispensable para que jueces y juezas puedan ejercer sus funciones sin presiones, amenazas o represalias. Según advierte la Relatora, la supresión generalizada de esta protección frente a procesos penales por actos realizados en el ejercicio de la función puede debilitar el Estado de derecho.

En su análisis, Satterthwaite cita estándares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Comisión de Venecia, y subraya que si bien las conductas delictivas deben ser investigadas y sancionadas, eliminar de forma absoluta la inmunidad judicial no resulta compatible con las normas internacionales. "La inmunidad judicial no es un fin en sí mismo, sino un medio para garantizar la independencia del juez", señala el informe.

El pronunciamiento fue interpretado como un respaldo directo a la posición que viene sosteniendo la Asociación de la Magistratura, que había advertido que el referéndum vulneraba garantías básicas del sistema judicial. Finalmente, la Relatora instó al Gobierno argentino a adoptar medidas que refuercen la independencia judicial y solicitó explicaciones sobre cómo la reforma provincial se ajusta a las obligaciones internacionales asumidas por el país.