Menú bajo la lupa: la Justicia le dio 72 horas a Provincia para llevar carne a las cárceles de Trelew
Tras las denuncias por la pésima calidad de las viandas en la Alcaidía y el IPP, el juez Nieto Di Biase intimó al Gobierno a destrabar la compra de alimentos. Defensores advierten que las raciones actuales no cubren los requerimientos nutricionales.
Trelew. La tensión por las condiciones de detención en las dependencias penitenciarias del Valle volvió a escalar en los tribunales locales. En una audiencia que fue seguida en vivo por los propios internos a través de Zoom, el juez Marcelo Nieto Di Biase le fijó un estricto ultimátum de 72 horas al Ejecutivo provincial para que complete la compra de una partida de carne roja destinada a los presos de la Alcaidía Policial y el Instituto Penitenciario Provincial (IPP).
El reclamo no es nuevo. Desde marzo, la Defensa Pública viene alertando sobre el paulatino deterioro en la comida que reciben los reclusos. La situación se volvió crítica a partir de informes del médico forense Diego Rodríguez Jacob, quien advirtió que los menús actuales carecen de la proteína mínima requerida, un factor de riesgo para quienes deben cumplir tratamientos médicos tras las rejas.
Durante el debate, el propio magistrado gráfico el escenario recordando una inspección ocular que realizó en la Comisaría Primera para verificar el menú que le servían a los alojados allí. "No parecía demasiado agradable y lucía como carne rallada", rememoró Di Biase sobre un plato de fideos, cuestionando que la problemática se arrastre en el tiempo sin soluciones de fondo.
Proveedores en la mira
Todas las miradas apuntan a la firma Cook Master, empresa encargada de la elaboración de los alimentos. El defensor oficial Sergio Rey fue tajante al señalar que la prestación "no da para más" y denunció que las raciones solo mejoran levemente los días en que hay inspecciones programadas. "La paciencia se agota, se han agravado las condiciones de detención y no sabemos qué decirles a nuestros representados", recriminó.
Por su parte, el subsecretario de Justicia, Rodrigo Miquelarena, admitió que la empresa recortó el aporte proteico de forma inconsulta durante el último mes. Como medida de contingencia, el funcionario explicó que ya se inició el trámite administrativo para adquirir un refuerzo de carne para lo que resta del mes mientras se evalúa la continuidad del contrato con la proveedora.
Al cerrar la audiencia, Di Biase reconoció que la exigencia de mejorar el menú carcelario puede resultar una medida "odiosa" ante la mirada de una sociedad golpeada por la coyuntura económica, pero remarcó que las personas privadas de la libertad se encuentran bajo la directa tutela y responsabilidad del Estado.
El plazo ya está corriendo en las oficinas de Fontana 50. El próximo lunes a las 10:00 se llevará a cabo una nueva audiencia en los tribunales trelewenses donde se constatará si el Gobierno provincial acató la orden o si el conflicto sumará un nuevo capítulo.