Prisión domiciliaria para los jóvenes que intentaron robar en la concesionaria Ford
La Justicia de Puerto Madryn dispuso la medida por un plazo de 60 días para los dos implicados de 18 y 19 años. El fallo estuvo condicionado por la falta de antecedentes computables y el crítico estado de hacinamiento en las comisarías locales.
El intento de robo en la concesionaria Ford de Puerto Madryn derivó en una resolución judicial que reaviva la polémica sobre la capacidad del sistema carcelario. Tras la audiencia de control de detención, la magistrada interviniente ordenó que M.G., de 19 años, y L.F.G.V., de 18, permanezcan bajo el régimen de arresto domiciliario durante los próximos dos meses mientras avanza la investigación.
Los jóvenes habían sido capturados semanas atrás en pleno acto delictivo, bajo una imputación provisoria de robo con efracción y escalamiento en grado de tentativa. Si bien el Ministerio Público Fiscal detalló que ambos poseen un historial de intervenciones previas con la ley, se aclaró que dichas actuaciones ocurrieron cuando todavía eran menores de edad. Bajo el marco legal vigente, estos registros no pueden ser contabilizados como antecedentes penales, lo que facilitó el acceso a una medida menos restrictiva que la prisión preventiva convencional.
Más allá de la situación particular de los imputados, el dictamen judicial puso el foco en una problemática estructural que asfixia a la región: la sobrepoblación en las dependencias policiales. Al fundamentar su decisión, la jueza explicó que la privación de la libertad en centros de detención debe ser un recurso de última instancia, reservado estrictamente para delitos de mayor peligrosidad o cuando exista un riesgo real de entorpecimiento de la causa que no pueda ser mitigado de otra forma.
El escenario planteado durante la audiencia describe una realidad alarmante, donde las comisarías se encuentran colmadas no solo por detenidos recientes, sino también por personas procesadas y condenadas que deberían estar en unidades penitenciarias. Esta falta de cupos obliga a los magistrados a priorizar las plazas disponibles para criminales de alta peligrosidad, dejando a los delitos contra la propiedad en grado de tentativa bajo regímenes de control externo.
Con información de Madryn Urbana