Red Chamber: el gobierno de Torres pagó el martes 24 de febrero la primera cuota de los más de $5.000 millones en indemnizaciones

Se trata de un hecho insólito: que el Estado provincial financie las indemnizaciones de una empresa privada que, además, no se encuentra en quiebra ni en concurso de acreedores.

El dato agrega más polémica porque el pago por parte del gobierno de Ignacio Torres se produce después de que Red Chamber presentara una denuncia en Estados Unidos, en la que habló de un supuesto pedido de coimas por 6,5 millones de dólares en "B-money" (criptomonedas o dinero digital).

Otro desastre de la gestión consumado. El Gobierno abonó la primera cuota el martes 24 de febrero de 2026 y los despedidos cobraron montos que llegaron a $40 a $50 millones cada uno.

El resto del dinero será percibido en cuotas sucesivas hasta completar los acuerdos individuales, que en algunos casos superan los $150 a $180 millones, tal como lo anticipó a varios medios Luis Núñez, titular de SETIA.

En total, el esquema representa más de $5.000 millones de fondos públicos para cubrir despidos de al menos 45 trabajadores.

Trabajadores a los que, en varios casos, les faltaba uno o dos años para jubilarse. Resulta difícil de explicar por qué el Estado termina pagando cifras millonarias cuando, manteniendo la relación laboral por el tiempo restante para acceder a la jubilación, el costo hubiera sido mucho menor.

Desde el Gobierno sostienen que el pago se encuadra como una asistencia financiera o crédito recuperable, que la empresa deberá devolver en el futuro. Sin embargo, hasta el momento no se informó con claridad el mecanismo ni los plazos de esa eventual recuperación.

Más allá de las explicaciones formales, el antecedente genera preocupación por el impacto en las arcas provinciales. En algún momento alguien deberá rendir cuentas sobre el uso de recursos públicos para cubrir obligaciones laborales privadas.

En este contexto, también llama la atención el silencio de los organismos de control. El Tribunal de Cuentas, encargado de fiscalizar el uso de los fondos públicos, no ha emitido hasta el momento ninguna observación sobre un esquema que compromete muchos millones del Tesoro provincial.

El caso tiene además un fuerte trasfondo político.

Red Chamber había sido señalada por el propio Gobierno como una empresa incumplidora y, en ese contexto, se le quitó la operatoria de la planta ex Alpesca para avanzar con el esquema de Profand.

Pero pocos días después de la denuncia presentada por la firma en Estados Unidos contra funcionarios provinciales por el supuesto pedido de coimas, el escenario cambió: la Provincia no solo reencauzó la relación con la empresa, sino que además decidió financiar las indemnizaciones de los trabajadores que la propia Red Chamber despidió.

El presidente de la compañía, Marcelo Mou (también identificado como Mou You Shon), había sido duramente cuestionado por funcionarios provinciales y por Ignacio "Nacho" Torres. Hoy el vínculo muestra un giro difícil de explicar y que da lugar a muchas conjeturas.

¿Qué cambió?

¿Por qué el Gobierno pasó de acusar a la empresa de incumplidora serial a asumir parte de sus costos laborales?

¿En qué momento Red Chamber pasó de deber a la Provincia más de $2.500 millones a que los chubutenses deban pagarle las indemnizaciones?

Son preguntas que hasta ahora, desde el gobierno de Ignacio Torres, no se aclaran.

No hay recursos para recomponer salarios de docentes, policías, jubilados y empleados provinciales, pero sí aparecen miles de millones para cubrir indemnizaciones de una empresa privada, una decisión que vuelve a poner en discusión el destino de los fondos públicos en Chubut.