Se llevan el langostino de Chubut a pelar a Paraguay, dejaron 39 despedidos en Madryn y ahora quieren enjuiciar a la jueza que los condenó 40 veces

 Wofco, el grupo español socio de Conarpesa, invirtió más de 43 millones de dólares en una planta de Paraguay que procesa langostino traído desde Rawson y Puerto Madryn. En Chubut, mientras tanto, 39 trabajadores efectivos de temporada siguen despedidos y la planta madrynense permanece sin operar mientras continúan las refacciones. Este viernes, Fernando Álvarez Castellano anunció que evalúa llevar a jury a la jueza Amorina Testino y presentó como sospechoso que unas cuarenta sentencias laborales adversas hayan llevado su firma. Pero desde 2026 el juzgado cuenta también con un juez de refuerzo: para saber si hubo alguna anomalía hay que mirar cuándo y cómo fueron asignadas esas causas.
Fernando Álvarez Castellano anunció este viernes que analiza con sus abogados promover un jury de enjuiciamiento contra la jueza Amorina Úrsula Testino ante el Consejo de la Magistratura del Chubut. El presidente de Conarpesa sostuvo que hay "animosidad" de parte de la magistrada, dijo que le resulta extraño que unas cuarenta sentencias laborales contra su empresa hayan salido del mismo juzgado y cuestionó que el buque Barreiro siga interdicto pese a que la firma, según aseguró, depositó el monto de una condena. "Acá hay algo que huele mal", dijo en declaraciones radiales. Tiene razón en que algo huele mal. No es lo que él señala.

¿Por qué las cuarenta llevan la firma de Testino?
Álvarez Castellano presenta como sospechoso que unas cuarenta sentencias laborales adversas hayan llevado la firma de la misma magistrada. Pero para determinar si existe realmente alguna anomalía no alcanza con contar fallos. Durante el período en que se originaron buena parte de esos litigios, Amorina Testino era la titular del Juzgado Civil, Comercial, Laboral, Rural y de Minería de Rawson, conocido como Juzgado Universal. Recién en 2026 se incorporó Pablo Sebastián Etchart como juez de refuerzo y comenzaron a adjudicársele expedientes. El dato cambia el planteo. Para saber si existe algo irregular hay que establecer cuándo ingresó cada una de las causas contra Conarpesa, a quién fue asignada y bajo qué mecanismo. Hasta que el empresario muestre una anomalía concreta en ese reparto, que cuarenta decisiones hayan sido adversas a su empresa no demuestra por sí mismo una persecución judicial. Existe además un camino previsto cuando una empresa considera que una sentencia es equivocada: recurrirla ante una instancia superior. El jury de enjuiciamiento no está concebido como una nueva instancia para revisar el contenido de una sentencia sino para investigar un eventual mal desempeño de un magistrado. La diferencia no es menor: una cosa es cuestionar judicialmente una resolución y otra muy distinta convertir al juez que la dictó en el objeto del conflicto.

Hace once días, esas mismas sentencias lo enorgullecían
El 3 de agosto, consultado por esas cuarenta condenas en medio del debate por la Ficha Limpia Pesquera, Álvarez Castellano las exhibió prácticamente como una credencial. Dijo que si en todos los años que lleva en la Argentina lo único que podían encontrarle eran cuarenta sentencias de un tribunal diciendo que había liquidado mal un aguinaldo, eso lo ponía muy orgulloso. Once días después, las cuarenta sentencias dejaron de ser un argumento a su favor y pasaron a alimentar públicamente la sospecha de una persecución judicial. Entre una declaración y la otra apareció un nuevo elemento: el buque J. Barreiro permanece interdicto y Álvarez Castellano responsabiliza a la jueza por la situación.

Tercera aplicación del mismo método
El anuncio contra la magistrada no aparece aislado. Se suma a una secuencia de enfrentamientos que Conarpesa protagonizó durante el último mes cada vez que encontró resistencia frente a una decisión empresaria. Primero fueron los trabajadores. El 15 de julio, ochenta y cinco efectivos de temporada se presentaron en la planta de Puerto Madryn porque, según un acta firmada ante la Secretaría de Trabajo, ese día debían ser dados de alta. La empresa les comunicó que la convocatoria se postergaba al 1° de agosto. Antes de que salieran los telegramas, Álvarez Castellano anticipó públicamente cómo iba a proceder: "Me cagaron un día, pero yo me ocuparé de cagarles muchos más días a ellos". La frase quedó publicada incluso en el propio sitio de Conarpesa. Dos días después, 39 trabajadores recibieron telegramas de despido con causa. Varios tenían entre doce y quince años de antigüedad. Después fue el sindicato. El 28 de julio, ya bajo conciliación obligatoria, el empresario condicionó su presencia personal en las audiencias de la Secretaría de Trabajo a que los dirigentes del STIA Luis Núñez y José Díaz se sometieran a exámenes toxicológicos. Lo dijo sin metáforas: mientras ellos no se hicieran los estudios, él no se presentaría personalmente. Ahora es la jueza. En el medio, la empresa impugnó la conciliación obligatoria dictada por el secretario de Trabajo Nicolás Zárate mediante un recurso de reposición y otro jerárquico en subsidio, faltó a la primera audiencia y presentó un escrito sosteniendo que "la sociedad Conarpesa no tiene ningún tipo de conflicto con su personal", apoyándose en que los despedidos figuran formalmente bajo Agropez S.A. aunque cumplieran tareas en la planta operada por Conarpesa. El STIA calificó esa postura como un ardid. El 10 de agosto la conciliación venció sin acuerdo. Los 39 siguen afuera.

Los 43 millones que se fueron a Itapúa
Mientras el conflicto laboral escalaba en Puerto Madryn, el grupo empresario avanzaba a unos 2.500 kilómetros de la costa chubutense. En el parque industrial de Hohenau, departamento de Itapúa, Paraguay, South Atlantic Company S.A. invirtió más de 43 millones de dólares en una planta procesadora de langostinos. El complejo tiene alrededor de 10.000 metros cuadrados y fue diseñado para procesar cientos de toneladas de productos del mar destinados principalmente a mercados de Europa y Norteamérica. El intendente de Hohenau, Enrique Hahn, explicó a medios estatales paraguayos de dónde llega parte de la materia prima: alrededor de 20.000 kilos diarios de langostino provenientes de embarcaciones que operan en Puerto Madryn, transportados congelados por vía terrestre hasta Paraguay para ser procesados allí. Otros reportes ubican principalmente en Rawson el origen de ese producto. La planta comenzó con alrededor de 200 trabajadores y proyecta alcanzar hasta 600 empleos directos cuando funcione en tres turnos. South Atlantic Company aparece identificada en medios especializados del sector pesquero y en la prensa paraguaya como vinculada al Grupo Wofco-Conarpesa. Wofco es el grupo español que posee una participación importante en Conarpesa y que, según había declarado el propio Álvarez Castellano, se encaminaba a aumentar su participación en la compañía argentina. Las razones para radicar el emprendimiento en Paraguay tampoco fueron escondidas. La planta opera bajo el régimen de maquila y la Ley 60/90, herramientas que ofrecen ventajas para las inversiones, mientras el país presenta costos tributarios, laborales y energéticos inferiores a los de Argentina. El propio CEO de South Atlantic Company explicó además la lógica de la integración: a partir de la sociedad entre Wofco y Conarpesa, el grupo controla la materia prima desde la captura y el langostino puede estar, aproximadamente 48 horas después de ser pescado y congelado, siendo pelado y desvenado en Paraguay. Traducido: algunas de las etapas que más mano de obra demandan -pelado, desvenado, clasificación y empaque- se realizan en Itapúa. El langostino sale de las costas patagónicas, cruza miles de kilómetros en camión y vuelve al mercado internacional con valor agregado generado en Paraguay. No corresponde afirmar que cada puesto creado en Hohenau equivalga matemáticamente a un puesto perdido en Chubut. Sí corresponde preguntar por qué un grupo vinculado a Conarpesa encuentra más de 43 millones de dólares para desarrollar una planta de procesamiento en Paraguay mientras la planta de Puerto Madryn permanece sin operar por refacciones, los trabajadores que mantienen actividad deben trasladarse y 39 efectivos de temporada permanecen directamente despedidos.

La ley que le gustaba hasta que lo rozó
Hay otro giro que ayuda a comprender la escalada. Cuando el gobernador Ignacio Torres impulsó la denominada Ficha Limpia Pesquera, Álvarez Castellano fue uno de los empresarios que respaldó públicamente la iniciativa. "Me parece bárbaro porque tengo todo en blanco y en regla y el sistema me obliga a competir con quienes no hacen las cosas bien", declaró, mientras otros sectores empresarios preparaban cuestionamientos contra la norma. El escenario cambió cuando el STIA puso sobre la mesa las aproximadamente cuarenta sentencias laborales contra Conarpesa y planteó públicamente si podían tener algún efecto sobre los permisos pesqueros. El análisis del texto de la ley mostró luego que las causales previstas apuntan a otros tipos de incumplimientos y que las sentencias por diferencias laborales no aparecen automáticamente contempladas como causal de inhabilitación. La transparencia que el empresario celebraba terminó así rozando, al menos en el debate público, sus propios antecedentes judiciales.
Testino no es la primera vez que queda en la mira de un empresario pesquero
La jueza ya había sido denunciada ante el Consejo de la Magistratura por otro empresario vinculado a la actividad pesquera luego de una decisión judicial adversa. Ese antecedente demuestra también por qué es importante separar dos planos: el derecho de cualquier ciudadano o empresa a denunciar a un magistrado cuando considera que existe mal desempeño y la utilización de una denuncia disciplinaria como respuesta frente a un fallo desfavorable. Un jury no puede transformarse en una instancia paralela de apelación. Si Álvarez Castellano considera que existen irregularidades concretas deberá identificarlas y probarlas ante el organismo correspondiente. Hasta ahora, públicamente, su principal argumento es la cantidad de sentencias adversas y el hecho de que hayan sido dictadas por la misma magistrada.

Lo que la empresa sí tiene derecho a que le contesten
Hay un punto del planteo empresario que tiene entidad y merece una respuesta concreta. Si Conarpesa efectivamente depositó el monto necesario para levantar la medida que pesa sobre el buque J. Barreiro, corresponde explicar por qué la embarcación continúa interdicta. Puede haber razones procesales legítimas: que el depósito no cubra la totalidad de los conceptos reclamados, que existan intereses o costas pendientes, que la medida responda a otro expediente o que todavía deban cumplirse pasos procesales. Sin acceso completo al expediente no corresponde afirmar cuál de esas posibilidades es la correcta. Pero sí corresponde que el motivo quede claro, porque cada día que un barco permanece amarrado también tiene consecuencias para tripulantes y trabajadores que no son parte directa de la disputa judicial. Álvarez Castellano también cuestionó públicamente que una sentencia que originalmente rondaba los trece millones de pesos alcance hoy, según sus propios cálculos, los doscientos sesenta millones. Sin el expediente completo tampoco puede determinarse qué conceptos, actualizaciones, intereses y costas explican esa diferencia. Presentar únicamente las dos cifras no alcanza para atribuir responsabilidades.

El fondo del asunto

Un empresario tiene todo el derecho a denunciar a un juez que considera parcial o que incurrió en mal desempeño. El Consejo de la Magistratura existe precisamente para tramitar ese tipo de acusaciones y cualquier presentación deberá ser analizada sobre pruebas concretas. Pero el orden de los hechos también importa. Primero hubo un acta laboral cuya interpretación y cumplimiento terminó en conflicto con 85 trabajadores. Después llegó una frase pública de represalia y, dos días más tarde, 39 despidos. Luego apareció la exigencia de exámenes toxicológicos como condición para que el presidente de la empresa se sentara personalmente a una audiencia con dirigentes sindicales. Después vinieron la impugnación de la conciliación obligatoria y las ausencias en instancias convocadas por la autoridad laboral. Y ahora, frente a una nueva decisión judicial que afecta a la compañía, Álvarez Castellano sostiene que algo "huele mal" y anuncia que evalúa llevar a jury a la magistrada. Son trabajadores, sindicato, autoridad laboral y ahora Justicia: distintos interlocutores enfrentados sucesivamente con la conducción empresaria cuando las decisiones no coinciden con sus intereses. Y mientras esa disputa continúa en Chubut, el langostino que sale de las costas de la provincia viaja miles de kilómetros para ser pelado y desvenado en Itapúa, donde una inversión superior a los 43 millones de dólares proyecta generar hasta 600 puestos de trabajo.