Imputan a un vecino de Rawson por maltrato animal tras el hallazgo de cuatro perros en grave estado de desnutrición
La Unidad Fiscal Especializada en Ambiente y Delitos contra los Animales (UFE AyDA) obtuvo la apertura de investigación contra el dueño de cuatro canes rescatados en 2025. Dos de los animales murieron durante el resguardo judicial debido a las secuelas del abandono. La causa combina crueldad animal y violación de normas sanitarias.
A solicitud de la fiscal general jefe María Florencia Gómez, titular de la Unidad Fiscal Especializada en Ambiente y Delitos contra los Animales (UFE AyDA), la jueza Eve Ponce habilitó la apertura de investigación preparatoria por el plazo de seis meses contra un vecino de la capital provincial, presunto responsable del calvario que sufrieron cuatro perros.
El caso salió a la luz el pasado 23 de julio de 2025, cuando personal de la Comisaría de Rawson y de la Dirección de Veterinaria y Saneamiento Municipal irrumpió con una orden de allanamiento en una vivienda situada sobre la calle Rivadavia.
Un escenario de extrema desidia
Al ingresar al domicilio, los efectivos y los especialistas se encontraron con un panorama desolador: Nieve, Negra, Lupi y Lani vivían sumidas en un cuadro de desnutrición grave. Los animales se desplazaban entre sus propias heces y orina, rodeados de residuos y sin ningún tipo de cuidado básico.
Los informes veterinarios y bioquímicos posteriores confirmaron que ninguna de las cuatro perras contaba con las vacunas obligatorias. Asimismo, los estudios revelaron un evidente deterioro nutricional crónico, probable insuficiencia hepática y un cuadro compatible con enfermedades parasitarias transmitidas por vectores. En particular, a Lupi se le detectó el parásito Hepatozoon canis -conocido comúnmente como la "enfermedad de las garrapatas"-, un diagnóstico que los profesionales estimaron extensible al resto de los canes por haber convivido en las mismas condiciones.
Trágico desenlace bajo resguardo
A pesar de haber sido retiradas del domicilio, el daño sufrido era irreversible en dos de los casos. Lani murió el 21 de diciembre de 2025, y Negra falleció el 20 de febrero de 2026, ambas mientras se encontraban bajo el cuidado de depositarias judiciales.
De acuerdo con el criterio de la fiscal general jefe María Florencia Gómez, los decesos se produjeron como consecuencia directa de la falta previa de alimentación adecuada y de atención veterinaria oportuna durante el tiempo que estuvieron en manos del imputado.
Calificación legal y protección de la salud pública
En el plano jurídico, la fiscalía encuadró la conducta del acusado bajo la figura de concurso ideal de delitos. Por un lado, se le atribuye la infracción a la Ley 14.346 de protección animal, que castiga los actos de maltrato y crueldad. Por el otro, se le imputa el artículo 206 del Código Penal, que sanciona la violación de las normas de policía sanitaria animal (en sintonía con la Ley 22.953, que impone la obligatoriedad de la vacunación, especialmente contra la rabia).
Desde la UFE AyDA remarcaron que esta segunda figura penal no solo busca proteger el bienestar de los animales, sino también resguardar la salud pública, previniendo la propagación de enfermedades zoonóticas transmisibles a las personas. En el escrito presentado, la fiscalía subrayó que el acusado tenía pleno conocimiento de estas obligaciones desde el momento en que asumió la tenencia de los canes.
Por su parte, el Tribunal de Faltas local respaldó la intervención penal mediante la Resolución N° 26/2026, al señalar que la gravedad de la conducta excede las faltas previstas por la normativa provincial y debe ser juzgada bajo el derecho de fondo nacional.
El Ministerio Público Fiscal (MPF), a través de esta unidad especializada creada a fines de 2024, continúa interviniendo bajo la premisa de reconocer a los animales como víctimas y sujetos de derecho dentro del proceso penal.