Playa Magagna: dura advertencia judicial al refugio que aloja al perro "Perejil"

Una audiencia de incidente celebrada en la Oficina Judicial de Rawson dejó al descubierto un contundente revés judicial para los administradores de la Asociación "Callejeros", la entidad que mantiene alojado bajo custodia al perro "Perejil", señalado como el animal que atacó y provocó la muerte de una niña de seis años en Playa Magagna meses atrás. Con extrema firmeza y sin dejar margen para revertir su resolución por la vía de la apelación automática, la jueza de garantías Karina Breckle le denegó cualquier tipo de intervención procesal como parte querellante a la organización, recordándoles que su único rol en el expediente se limita estrictamente a la calidad de depositarios judiciales del animal.

Durante el cónclave, que contó con la presencia de los responsables del refugio -Sandra Jacqes y Marcelo Luzio- acompañados por su abogado defensor Gerardo Martínez, la magistrada fue lapidaria al delimitar las funciones procesales. "El juez es el que está al cuidado de los derechos del animal y ustedes no son sus propietarios. Solo se les encomendó el cuidado porque son depositarios judiciales. El animal no es víctima ni imputado y por razones de la naturaleza estaba en ese lugar al momento de los hechos espantosos que sucedieron. Ustedes no pueden peticionar, no tienen legitimidad, no son víctimas y tampoco se los autorizó a que sean querellantes", sentenció de manera categórica.

La única víctima y una estricta prohibición de hablar en redes

En su exposición, la jueza Breckle enfatizó que el foco absoluto de la investigación debe recaer en el resguardo de la verdad para la familia damnificada. "La única víctima es la niña que perdió la vida. No están habilitados a subir a las redes sociales aspectos de una causa que no conocen porque no son parte de la investigación y no pueden invocar derechos del animal en nombre de los padres de la niña", advirtió la titular del juzgado, cuestionando al mismo tiempo la liviandad con la que desde la institución se habían emitido opiniones sobre supuestas pérdidas de pruebas.

Asimismo, la magistrada remarcó que los fiscales no tienen la obligación legal de rendirles cuentas sobre las evidencias recolectadas, exigiendo a los referentes del refugio que "permitan que el Ministerio Público Fiscal cumpla con su rol". En un tramo decisivo de la resolución, Breckle les impuso una tajante prohibición de difundir cualquier tipo de información relacionada con el caso sin una autorización expresa previa de la magistratura.

Ante los intentos de la defensa técnica por manifestar agravios e intentar apelar la directiva, la jueza cerró cualquier vía de discusión al ratificar que los argumentos legales expuestos invalidaban por completo cualquier pretensión de erigirse como parte querellante en una causa que continúa su curso bajo la órbita exclusiva del Ministerio Público Fiscal de Rawson.

Producido por el Área Comunicación Institucional del Ministerio Público Fiscal del Chubut, Oficina Rawson.