Argentina pidió mantener la suspensión de la entrega de acciones de YPF y alertó por consecuencias diplomáticas

La República Argentina solicitó formalmente a la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York que se mantenga la suspensión de la orden judicial que obliga al país a entregar acciones de YPF a fondos demandantes, en el marco de las causas Petersen/Eton Park y Bainbridge. La presentación fue difundida por la Procuración del Tesoro y analiza las consecuencias que, según el Gobierno, generaría una ejecución inmediata del fallo de la jueza Loretta Preska.

"El cumplimiento inmediato de la orden causaría un daño irreparable", planteó el escrito oficial, que también advierte que la transferencia de acciones "sería prácticamente imposible de revertir una vez concretada". Además, sostiene que la decisión judicial "podría desatar un conflicto diplomático significativo, con implicancias sensibles en materia de política exterior".

En el documento, la Argentina remarcó que la orden de Preska vulnera la Ley de Inmunidades Soberanas de los Estados Unidos, dado que las acciones en cuestión se encuentran en territorio argentino, no fueron utilizadas en actividades comerciales en EE.UU. y no están vinculadas al objeto de la demanda. También indicó que exigir la transferencia implicaría forzar al país a incumplir su legislación interna, lo que violaría los principios de cortesía internacional.

El Gobierno insistió en que los demandantes no demostraron que podrían sufrir un perjuicio si se mantiene la suspensión, mientras que sí se afectaría a la Argentina en caso de ejecutar la medida. "La pérdida del control estatal sobre YPF tendría un perjuicio irreversible para el país, aún si luego se ganara la apelación", alertaron. Además, enfatizaron que el interés público se vería afectado, así como los derechos de YPF, sus accionistas y el pueblo argentino.

Respecto del caso Bainbridge, el país aseguró que la parte actora no justificó la necesidad de una garantía y que la legislación argentina ya impide cualquier riesgo de transferencia, al prohibir la venta de acciones sin la aprobación de dos tercios del Congreso Nacional.

Con todos los escritos ya presentados, se espera que la Corte de Apelaciones defina en los próximos días si mantiene la suspensión de la medida durante el proceso de apelación, si exige una garantía para ello, o si permite ejecutar de inmediato el fallo contra la Argentina.


Fuente: El Chubut