Denuncian una red de corrupción y contratos irregulares en ANSES
La investigación apunta a presuntas maniobras de asociación ilícita, coimas y direccionamiento de contrataciones con sobreprecios millonarios.
Una denuncia penal presentada en las últimas horas sacudió a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). El escrito, radicado ante la fiscalía de Guillermo Marijuan, solicita investigar a más de veinte funcionarios por presunta asociación ilícita, cohecho, incumplimiento de los deberes de funcionario público y direccionamiento de contratos con fines de enriquecimiento personal.
El caso fue sorteado y quedó en manos del Juzgado Criminal y Correccional Federal N.º 2, a cargo del juez Sebastián Ramos, quien deberá determinar si existió un entramado de corrupción interna dentro del organismo.
Funcionarios bajo la lupa
La denuncia menciona como principales involucrados al director ejecutivo Fernando Omar Bearzi, a la secretaria general Paula Amor y a su chofer y allegado Gastón Palacios, además de otros funcionarios: Diego Palma Beltrán, Luis María Abba, Javier López, Hernán Rubén Camino, Cecilia Paula Rosconi, Santiago Adrián Campo, Duilio Giri, Nora Alicia Valido, Gustavo Gioia, Christian Mikkelsen Loth y Gerardo Corti, entre otros.
Según el escrito, las maniobras habrían sido impulsadas desde la Secretaría General bajo la conducción directa de Paula Amor, con la participación de áreas estratégicas como Programación y Control de Gestión Operativa, Trámites Complejos y Control Interno. Allí se habría conformado un circuito paralelo de decisiones destinado a beneficiar a empresas vinculadas a los funcionarios denunciados.
Contratos millonarios y sobreprecios
Entre las operaciones cuestionadas se encuentran contrataciones con América Virtual S.A., empresa proveedora de servicios tecnológicos cuyas facturaciones -según la denuncia- "se multiplicaron groseramente" bajo la actual gestión, alcanzando montos cercanos a los 9 millones de dólares.
También se señala un acuerdo con SAP por 19 millones de dólares, destinado a licencias y consultoría, y otro contrato con IBM por 44,6 millones de dólares, a través de la firma GyL, que alquilaría servidores al Estado. Estas contrataciones son señaladas como "exorbitantes" y con sobreprecios injustificados.
Los denunciantes aseguran que Amor intentó avanzar sobre la Dirección de Sentencias Judiciales, el área encargada de administrar los pagos de retroactivos a jubilados, junto con Palacios y Campo, con el objetivo de controlar el flujo de fondos millonarios.
Fuentes judiciales informaron que, de confirmarse los hechos, la causa podría derivar en un proceso de alto impacto político y administrativo, convirtiéndose en uno de los casos de corrupción más graves de la actual gestión dentro de la ANSES.
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