Denuncian que 150 becados llevan años de precarización laboral en el Ministerio de Desarrollo Humano de Chubut y Papaiani solo ingresaría a 80 ¿70 quedan en la calle?
A través de una carta enviada a la Legislatura, trabajadores becados exigen el pase a planta tras años de tareas sin derechos laborales. Desde el Ministerio reconocen que recién se inició un trámite para formalizar a solo 80 de los 150 afectados.
La precarización laboral en el Estado provincial vuelve a ser motivo de denuncia. Esta vez, trabajadores becados del Ministerio de Desarrollo Humano de Chubut reclamaron ante la Legislatura el pase a planta temporaria, tras desempeñarse durante años sin derechos laborales básicos.
La situación fue expuesta mediante una nota dirigida al presidente de la Legislatura, Gustavo Menna, y a todos los bloques parlamentarios, donde detallan el contexto de informalidad que afecta a cerca de 150 trabajadores distribuidos en distintos puntos de la provincia.
Según el documento, las personas contratadas bajo el régimen de becas creado por el Decreto 1636/16 se encuentran realizando tareas esenciales -en muchos casos, jornadas completas y guardias- sin gozar de estabilidad, aportes, licencias, ni vacaciones.
"Percibimos ingresos que oscilan entre $70.000 y $300.000, muy por debajo de la canasta básica, y sin ningún tipo de cobertura. Muchos realizamos tareas que no tienen nada que ver con capacitación o formación, como establece el decreto, sino funciones plenas dentro de oficinas e instituciones", expresan en la nota.
El reclamo está anclado en el expediente N° 2832/24, que inició un proceso para formalizar a 80 becados en una primera etapa, según reconoció el propio Ministerio de Desarrollo Humano en una comunicación oficial fechada el 17 de junio de 2025, enviada a la ministra Florencia Papaiani. En esa nota, firmada por el director general de Personal, Martín Romero, se aclara que la regularización se da en el marco de la ley 801 (más conocida como "Ley 3x1"), que exige tres vacantes para incorporar un nuevo trabajador.
"Nos pidieron los exámenes preocupacionales, que muchos tuvimos que pagar de nuestro bolsillo, y hasta el momento no tuvimos respuestas concretas", denuncian.
Además, remarcan el nivel de vulnerabilidad al que están sometidos: los convenios pueden ser rescindidos sin causa y con solo diez días de aviso, dejando a las familias en total incertidumbre.
Según testimonios que llegaron a este medio, trabajadores de Rawson y otras localidades se organizaron para visibilizar la situación, aunque aseguran haber recibido presiones e intentos de silenciarlos. "Nos amenazaron, hay miedo. Nadie se anima a hablar mucho porque los trabajos están en riesgo. Pero sin nosotros, muchos programas directamente no podrían funcionar", afirman.
Por el momento, la Legislatura solo realizó un pedido de informes al Ejecutivo, que fue respondido, pero sin avances concretos. El reclamo se suma a un fenómeno cada vez más extendido: el uso sostenido de becas y contratos informales para cubrir funciones estructurales en el Estado.