Escándalo en el Casino de Esquel: denuncian maniobra ilegal con apuestas online y peligran 50 empleos
Lotería del Chubut detectó que la concesionaria Trewelyn S.A. "alquilaba" su licencia digital a terceros sin autorización. La empresa cerró la sala y envió telegramas de despido, mientras el Gobierno evalúa la caducidad total de la concesión
El conflicto en torno al casino de Esquel alcanzó un punto crítico tras la revelación de una irregularidad que el organismo provincial de control calificó de gravedad institucional. La empresa Trewelyn S.A., actual concesionaria del establecimiento, habría cedido su licencia de juego online a una compañía externa a cambio de un canon no declarado, operando sin el conocimiento ni la autorización del Instituto de Asistencia Social. Esta maniobra ilegal, que salió a la luz tras la investigación iniciada por el cierre sorpresivo del local el pasado 25 de marzo, derivó en la revocación inmediata de la habilitación digital.
Ramiro Ibarra, titular de Lotería del Chubut, desmintió categóricamente las versiones que la propia empresa habría difundido entre sus empleados para justificar el cese de actividades. El funcionario aclaró que la licencia principal para la explotación del casino físico sigue vigente hasta el año 2031 y que el cierre no fue una disposición oficial, sino una decisión unilateral de la firma. No obstante, advirtió que la acumulación de incumplimientos, que incluyen deudas en aportes laborales, el ingreso de menores a la sala y el antecedente del cierre no autorizado del casino de Trevelin en 2020, pone a la concesionaria al borde de la caducidad total del contrato.
La situación dejó en una extrema vulnerabilidad a cincuenta familias que dependen de la sala de juegos. A pesar de que la Secretaría de Trabajo dictó una conciliación obligatoria, Trewelyn S.A. comenzó a enviar telegramas de despido ofreciendo apenas el 50% de las indemnizaciones de ley, amparándose en una supuesta "fuerza mayor" que el Estado rechaza. Para agravar el cuadro, los representantes de la empresa no se presentaron a las audiencias de conciliación, profundizando la incertidumbre de los trabajadores que se encuentran sin actividad y con sus haberes en duda.
El caso también pone bajo la lupa la efectividad de los controles provinciales, ya que las irregularidades de la firma se habrían extendido durante años antes de que se tomaran medidas concretas. En caso de no lograrse una solución negociada al finalizar el periodo de conciliación, la provincia avanzará con la extinción de la licencia y llamará a una nueva licitación. Sin embargo, este proceso administrativo podría demorar hasta seis meses, un horizonte que resulta demasiado lejano para los empleados que hoy luchan por el sustento de sus hogares.
