CONARPESA-STIA: el conflicto pesquero sube la apuesta y el gremio amenaza con un paro general en Chubut

La pelea entre CONARPESA y el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA) entró en una nueva etapa de tensión. Lo que comenzó como una discusión por trabajadores de temporada y modalidades de procesamiento terminó convirtiéndose en un enfrentamiento abierto entre el titular de la empresa, Fernando Álvarez Castellano, y el secretario general del gremio, Luis Núñez.

Ahora aparece una advertencia que podría tener impacto sobre buena parte de la actividad pesquera de Chubut: el STIA podría avanzar con un paro general por tiempo indeterminado si el Gobierno provincial no interviene frente a lo que considera incumplimientos de CONARPESA.

El eje inmediato de la disputa es el sistema de pago y producción que pretende implementar la empresa.

Álvarez Castellano sostiene que CONARPESA busca trabajar con doble turno, aumentar fuertemente la producción y combinar una base de pago por cajón con incentivos vinculados al volumen procesado. Su objetivo declarado es alcanzar unos 20.000 cajones diarios, una meta de producción que todavía no constituye un volumen efectivamente alcanzado.

El empresario también mencionó una proyección de 1.500 trabajadores involucrados en el esquema, aunque esa cifra fue cuestionada por el sindicato y no cuenta con una confirmación independiente.

Álvarez Castellano defiende la propuesta como una alternativa para que la actividad no quede concentrada en apenas tres o cuatro meses. Su planteo es que los trabajadores puedan tener una remuneración mensual durante todo el año, aunque el ingreso durante los meses de temporada pueda ser menor al que se obtiene con el sistema actual.

En sus declaraciones públicas, el empresario fue particularmente duro con el STIA. Lo responsabilizó por las dificultades para desarrollar mayor valor agregado en la provincia, sostuvo que las plantas permanecen inactivas buena parte del año y afirmó que las exigencias del convenio hacen que determinados procesos terminen realizándose en otros países.

También acusó directamente a la conducción gremial de impedir cambios en una actividad que, según su visión, necesita adaptarse a un mercado internacional cada vez más competitivo.

"Es un mentiroso": la respuesta del STIA

Del otro lado, Luis Núñez plantea exactamente lo contrario.

En diálogo con LU20 Radio Chubut, el secretario general del STIA respondió a las acusaciones del empresario y cuestionó el cumplimiento de los convenios laborales.

"Es un mentiroso. Si tiene pruebas de todo lo que ha dicho, tiene que ir a la Justicia", afirmó Núñez.

El titular del sindicato sostiene que CONARPESA pretende pagar por cajón desconociendo el kilaje establecido por el convenio colectivo. Según el gremio, el problema no es que los trabajadores rechacen producir más, sino que la empresa estaría intentando modificar unilateralmente la forma de liquidar los salarios.

"Nosotros acordamos que el pago es por kilo y no por cajón", explicó.

Núñez asegura que algunos cajones contienen una cantidad de producto superior a la contemplada en el sistema de liquidación y que esa diferencia terminaría perjudicando los ingresos de los trabajadores.

El sindicato reclama que intervenga el Gobierno provincial, al que responsabiliza por tener el poder de fiscalización necesario para determinar si existe o no un incumplimiento.

Núñez también cuestiona determinadas modalidades de contratación y el avance de las cooperativas de trabajo, al considerar que pueden precarizar las condiciones laborales y afectar al conjunto de las empresas que cumplen con el convenio.

Un conflicto que viene de meses atrás

La disputa tampoco nació ahora.

Durante junio, trabajadores vinculados a CONARPESA reclamaron ser convocados para la temporada y llegaron a bloquear el ingreso y egreso de camiones de la planta.

En julio, el conflicto escaló con una protesta en las oficinas administrativas, una denuncia penal de la empresa y el envío de 39 telegramas de despido con causa.

La Secretaría de Trabajo de Chubut dictó entonces una conciliación obligatoria por 15 días hábiles, ordenó retrotraer la situación y convocó a las partes para intentar alcanzar un acuerdo.

Posteriormente, en agosto, se informó la reincorporación de 30 trabajadores, por lo que los 39 despidos iniciales no deben interpretarse como desvinculaciones que permanecen en su totalidad vigentes.

La disputa continuó en las instancias de negociación y llegó también a los tribunales, mientras las diferencias sobre las condiciones laborales y el sistema de remuneración siguieron sin resolverse.

Las denuncias por amenazas y la posibilidad de un paro

En los últimos días, el STIA formalizó nuevos cuestionamientos ante las autoridades provinciales y advirtió que, si no obtiene respuestas, podría avanzar con una medida de fuerza general.

Álvarez Castellano respondió ratificando que CONARPESA seguirá adelante con su propuesta de producción.

Pero el empresario agregó una acusación todavía más grave: denunció públicamente que tres dirigentes sindicales que concurrieron a una planta habrían amenazado con "quemar las plantas". Según su versión, realizó una presentación ante la Justicia.

Esa acusación corresponde a la empresa y deberá ser investigada y eventualmente acreditada judicialmente.

Núñez rechazó las afirmaciones y reclamó que el empresario presente pruebas.

"Nosotros nos vemos obligados a hacer presentaciones para que él demuestre si alguien de nuestra organización dijo que iban a quemar las plantas de él", sostuvo durante la entrevista radial.

El dirigente también aseguró que existen antecedentes judiciales vinculados con restricciones al ingreso de representantes sindicales a establecimientos de la empresa.

"Todos los trabajadores y dirigentes que no les permitió ingresar ya le ganaron los juicios a Álvarez Castellano y sigue haciendo exactamente lo mismo", afirmó.

Una discusión que excede a la empresa y al sindicato

Así, el conflicto dejó de ser solamente una discusión entre CONARPESA y el STIA.

Hay en juego salarios, puestos de trabajo, convenios laborales, modalidades de producción, procesamiento en tierra, valor agregado y el futuro de las plantas pesqueras durante todo el año.

Y, sobre todo, hay una discusión que atraviesa el enfrentamiento: cómo garantizar continuidad laboral, mejores niveles de producción y salarios acordes con los convenios vigentes.

CONARPESA sostiene que modificar el sistema actual resulta indispensable para ampliar la actividad y sostener el empleo durante más meses.

El STIA responde que no permitirá que, bajo el argumento de modernizar la producción, se modifique unilateralmente el convenio laboral.

"Él cumpla con la ley. Yo no tengo que tener con él una buena relación si él no cumple con nuestro convenio colectivo pagándole a los trabajadores lo que les corresponde", expresó Núñez.

El sindicalista advirtió que, si las diferencias continúan sin resolverse, el gremio podría recurrir a medidas de fuerza.

"Lo que nos queda es una herramienta legal: la huelga, hasta que todo se aclare", afirmó.

Por el momento, se trata de una advertencia sindical y no de un paro general iniciado.

Mientras tanto, el Gobierno provincial queda como uno de los actores centrales para fiscalizar los reclamos, intervenir en la disputa y procurar una salida antes de que el enfrentamiento termine afectando a buena parte de la industria pesquera de Chubut.

El conflicto continúa abierto, con dos posiciones enfrentadas sobre el modelo de producción, las condiciones laborales y el futuro de una de las principales actividades económicas de Puerto Madryn y la provincia.