El m閠odo Conarpesa: disconforme con sus fallos, 羖varez Castellano pide investigar y destituir a la jueza Testino
El presidente de Conarpesa confirm la denuncia presentada contra Amorina Testino y anticip que continuar ampli醤dola. Aunque admiti que no sabe bien c髆o funciona el sistema judicial, pidi que se revisen los fallos adversos a sus empresas, plante que deber韆n colocar a otro juez y afirm que, si consideran graves los hechos denunciados, "la tendr醤 que destituir". La ofensiva comenz por la inmovilizaci髇 del J. Barreiro, pese a que la propia magistrada hab韆 ordenado levantar el embargo y la interdicci髇.
Fernando 羖varez Castellano ya no se limita a decir que est disconforme con las decisiones de la jueza Amorina 趓sula Testino. Despu閟 de acusarla p鷅licamente de "animosidad" y "mala leche", Agropez, empresa del Grupo Conarpesa, formaliz una denuncia ante el Consejo de la Magistratura y su presidente afirm ahora que, si el organismo considera suficientemente graves los hechos expuestos, la magistrada deber ser destituida.
En una entrevista de m醩 de nueve minutos difundida por Pesca Chubut, 羖varez Castellano confirm que la presentaci髇 fue realizada antes de comunicarla p鷅licamente. Asegur que decidi respetar el debido proceso y sostuvo que la denuncia tiene fundamentos. Tambi閚 adelant que el escrito ser ampliado con otras sentencias y actuaciones que sus abogados consideran perjudiciales para las empresas del grupo.
El empresario volvi a atribuirle a Testino "mala leche" y "muy poca sensibilidad social" por lo ocurrido con el pesquero J. Barreiro. Tambi閚 puso nuevamente bajo sospecha los juicios patrocinados por el abogado Diego Mart韓ez Zapata y sostuvo que las decisiones adoptadas dentro del juzgado se resuelven reiteradamente contra sus empresas.
"NO S MUY BIEN C覯O FUNCIONA"
Uno de los pasajes m醩 reveladores de la entrevista aparece cuando 羖varez Castellano intenta explicar qu organismos deber醤 analizar su presentaci髇. Menciona al Consejo de la Magistratura, al Superior Tribunal de Justicia y a las c醡aras, pero reconoce: "No s muy bien c髆o funciona el sistema judicial".
La admisi髇 no le impide adelantar cu醠 deber韆 ser, seg鷑 su criterio, el resultado del proceso. El empresario pidi que se analicen las sentencias relacionadas con sus compa耥as y plante que, si los fallos contin鷄n siendo adversos, deber韆n "poner a otro juez" para intervenir en las causas.
Finalmente avanz sobre la continuidad de Testino en el cargo. Dijo desconocer si el procedimiento puede terminar efectivamente con su remoci髇, pero afirm que, si lo que hizo constituye una causal suficiente, "la tendr醤 que destituir".
La presentaci髇 formal, seg鷑 la informaci髇 difundida por la propia empresa, acusa a Testino de presunto mal desempe駉, desconocimiento inexcusable del derecho, incumplimiento de obligaciones legales y arbitrariedad. Agropez solicit que el Consejo investigue su actuaci髇 y que, una vez concluido ese an醠isis, remita el caso al Tribunal de Enjuiciamiento si considera que existen fundamentos.
La diferencia es central: hasta ahora existe una denuncia formulada por una empresa disconforme con distintas decisiones judiciales. No existe una resoluci髇 del Consejo que declare acreditadas las acusaciones ni un jury que haya determinado la responsabilidad de Testino.
EL BARCO QUE TESTINO HAB虯 ORDENADO LIBERAR
El caso utilizado como punto de partida es la inmovilizaci髇 del pesquero J. Barreiro. Agropez sostiene que la interdicci髇 se mantuvo durante 16 d韆s pese a que hab韆 fondos judiciales suficientes para garantizar el cr閐ito reclamado.
羖varez Castellano afirm que la paralizaci髇 afect especialmente a unos 300 trabajadores de planta, adem醩 de marineros y maquinistas cuyos ingresos dependen de la producci髇. Acus a la jueza de haber actuado por capricho y de haber dejado a numerosas familias sin percibir dinero durante la temporada.
El perjuicio merece ser investigado. Pero el relato empresario omite un dato decisivo: Testino hab韆 ordenado levantar el embargo y la interdicci髇 del J. Barreiro.
La resoluci髇 fue dictada durante la ma馻na del 18 de agosto y ordenaba librar con urgencia los oficios correspondientes a Prefectura Naval Argentina y al Registro Nacional de Buques. El oficio presentado por los abogados de Agropez qued sin la firma de la magistrada. Horas despu閟, Testino inform que hab韆 iniciado una acci髇 de vindicaci髇 y se excus de continuar interviniendo.
Esa secuencia provoc una demora posterior. Otra jueza termin firmando el oficio y el barco recuper la posibilidad de navegar. Puede discutirse si Testino deb韆 haber dejado firmado el documento antes de apartarse, si la excusaci髇 ten韆 fundamento suficiente y si existieron otras irregularidades procesales. Precisamente para eso existen los recursos y organismos de control.
Lo que no puede afirmarse es que la magistrada se haya negado a levantar las medidas. La resoluci髇 favorable a la empresa existi. Lo que fall fue su instrumentaci髇 inmediata.
FALLAR CONTRA CONARPESA NO PRUEBA PARCIALIDAD
羖varez Castellano ampli su cuestionamiento m醩 all del pesquero. Volvi a mencionar las aproximadamente cuarenta sentencias laborales que atribuye a Testino y las demandas promovidas por Mart韓ez Zapata. Tambi閚 habl de una condena que, seg鷑 su versi髇, pas de 13 millones a casi 300 millones de pesos.
Pero no aport durante la entrevista el n鷐ero del expediente, la liquidaci髇 correspondiente, la fecha de la sentencia, los intereses aplicados ni las decisiones de las instancias revisoras. Sin esos documentos no puede saberse por qu se produjo la actualizaci髇 ni atribuir personalmente esa cifra a la jueza.
Tampoco alcanza con contar sentencias adversas para demostrar una persecuci髇. Para establecer una irregularidad ser韆 necesario revisar cu醤do ingres cada causa, c髆o fue asignada, qu reclamaban los trabajadores, cu醠es fueron las pruebas y qu resolvieron posteriormente las c醡aras o el Superior Tribunal.
El propio 羖varez Castellano reconoce que numerosas decisiones fueron recurridas. Sin embargo, transforma la reiteraci髇 de resultados desfavorables en un argumento para pedir que las causas de sus empresas sean entregadas a otro magistrado.
Ese razonamiento presenta un problema institucional evidente: un juez no deja de ser objetivo simplemente porque falla contra una empresa. Si cada sucesi髇 de derrotas judiciales permitiera al litigante exigir un nuevo magistrado, la imparcialidad terminar韆 dependiendo de que las sentencias conformaran a quien tiene mayor capacidad econ髆ica o medi醫ica para cuestionarlas.
EL ABOGADO TAMBI蒒 RESPONDI
La ofensiva p鷅lica no se dirigi 鷑icamente contra Testino. 羖varez Castellano tambi閚 insinu que Mart韓ez Zapata tendr韆 familiares dentro del Poder Judicial y habl de una supuesta asociaci髇 entre el abogado y la magistrada.
Mart韓ez Zapata neg tener familiares en la Justicia y desafi p鷅licamente al empresario a identificar a alguno. Tambi閚 sostuvo que litiga contra empresas vinculadas con 羖varez Castellano desde 2006 y explic que los expedientes corresponden, entre otros temas, a diferencias salariales, aguinaldos y despidos.
En el nuevo audio, 羖varez Castellano confirm que recibi una carta documento del abogado y anticip que ser contestada. Tambi閚 relativiz las consecuencias de sus declaraciones y sostuvo que las personas tienen derecho a expresarse durante una controversia.
La libertad de expresi髇 permite cuestionar sentencias, jueces y abogados. Pero no convierte autom醫icamente en verdaderas las acusaciones de connivencia, negocio o asociaci髇 il韈ita. Esas imputaciones requieren pruebas concretas.
DE LA DISCONFORMIDAD A LA DESTITUCI覰
La Asociaci髇 Nacional de Jueces y Juezas del Trabajo ya hab韆 expresado su preocupaci髇 por las declaraciones de 羖varez Castellano. La entidad calific sus expresiones como "infundadas y desmedidas" y advirti que pod韆n representar una presi髇 sobre la magistrada y sobre otros jueces que deban resolver conflictos semejantes.
La asociaci髇 record que las discrepancias con las resoluciones deben canalizarse mediante los recursos previstos por la ley. La denuncia ante el Consejo es uno de esos mecanismos, pero el derecho a presentar una acusaci髇 no elimina la necesidad de probarla ni convierte al denunciante en quien decide el resultado. Comunicado de ANJUT
羖varez Castellano sostiene que conf韆 en las instancias superiores y asegura que aceptar el resultado si le explican por qu no tiene raz髇. Sin embargo, antes de que el Consejo analice la admisibilidad y el contenido de la denuncia, ya plante p鷅licamente que Testino podr韆 ser reemplazada y destituida.
Una cosa es pedir que se investigue una posible irregularidad. Otra es sostener que la acumulaci髇 de fallos adversos demuestra que la jueza no puede resolver objetivamente las causas de Conarpesa.
EL M蒚ODO CONARPESA
La secuencia vuelve a repetirse. Cuando los trabajadores reclamaron el cumplimiento de un acuerdo laboral, 39 fueron despedidos. Cuando la Secretar韆 de Trabajo dict la conciliaci髇 obligatoria, Conarpesa la impugn. Cuando una denuncia penal sufri una primera desestimaci髇, la empresa pidi su revisi髇. Cuando aparecieron sentencias laborales adversas, 羖varez Castellano puso bajo sospecha a la jueza y al abogado. Y cuando la liberaci髇 del J. Barreiro se demor, acus a Testino de actuar con "mala leche" y promovi el camino hacia su destituci髇.
Cada conflicto tiene hechos y expedientes diferentes. No corresponde reducirlos a una 鷑ica explicaci髇. Pero la respuesta p鷅lica del presidente de Conarpesa muestra una constante: cuando una autoridad, un trabajador, un sindicato o un tribunal contradice los intereses de sus empresas, el conflicto deja de ser t閏nico o jur韉ico y se transforma en una confrontaci髇 personal.
El Consejo deber determinar si Testino incurri en mal desempe駉 o si la presentaci髇 de Agropez expresa el desacuerdo de una empresa con decisiones que considera equivocadas. 羖varez Castellano tiene derecho a denunciar y aportar pruebas. La jueza tiene derecho al debido proceso y a ejercer su defensa.
Lo que el due駉 de Conarpesa no puede hacer es elegir al magistrado que debe juzgar a sus empresas ni convertir cada sentencia desfavorable en evidencia autom醫ica de falta de objetividad.
En un sistema republicano, los jueces no est醤 para resolver a favor de la persona m醩 poderosa. Y la Justicia no funciona cambiando de magistrado hasta encontrar uno que dicte la sentencia que una empresa quiere escuchar.