Ratifican las condenas por los graves incendios y ataques en Rawson en diciembre de 2021

La Cámara Federal de Apelaciones de Rawson puso fin a la incertidumbre judicial sobre los responsables de los graves incidentes ocurridos el 16 de diciembre de 2021. En un fallo contundente, el tribunal revisor confirmó la responsabilidad penal y las penas impuestas en el marco de una de las jornadas de mayor violencia social en la historia reciente de la provincia del Chubut.

Los magistrados Adrián Barrios, Alejandro De Franco y César Zaratiegui integraron el tribunal que decidió respaldar las sentencias previas dictadas por los jueces Eve Ponce y Javier Allende. Con esta resolución, se hizo lugar íntegramente al planteo del Ministerio Público Fiscal, representado por la Fiscal General Jefe de la UFEYDA Rawson, Florencia Gómez.

El rechazo a los planteos defensivos

Durante el proceso de revisión, los abogados defensores habían solicitado la nulidad de las actuaciones y cuestionado diversos aspectos técnicos de las sentencias originales. Sin embargo, tras analizar las respuestas de la fiscal Gómez a cada uno de los agravios, el tribunal concluyó que las defensas no lograron fundamentar debidamente sus pedidos.

Según el fallo, no se presentó prueba suficiente que permitiera invalidar las resoluciones de primera instancia, por lo cual la declaración de culpabilidad y la imposición de las penas quedaron ratificadas conforme a la teoría del caso de la Fiscalía.

Una jornada de caos y destrucción

Los hechos que originaron esta causa se remontan a las masivas movilizaciones populares contra la ley de zonificación minera en diciembre de 2021. Si bien la mayoría de la ciudadanía se manifestó de forma pacífica, el centro cívico de Rawson se convirtió en el escenario de ataques sistemáticos.

La investigación judicial probó la existencia de:

• Incendios intencionales en edificios emblemáticos.

• Ataques a sedes de los tres poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial).

• Saqueos y enfrentamientos directos con las fuerzas policiales.

La sentencia ratificada subraya que estos actos provocaron daños graves e irreparables al patrimonio público y a la comunidad en su conjunto, diferenciando claramente el legítimo derecho a la protesta de los actos vandálicos y criminales que fueron objeto de condena.