Reclamaron que Conarpesa cumpliera el acuerdo y la empresa respondió con 39 despidos

Conarpesa envió telegramas de despido con causa a 39 trabajadores que habían reclamado ser convocados para prestar tareas durante la temporada pesquera.

La empresa sostiene que los empleados ingresaron por la fuerza a las oficinas administrativas de su planta en Puerto Madryn, intimidaron a representantes de la compañía y afectaron el trabajo del personal que se encontraba dentro del establecimiento.

El Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación ofrece una versión completamente diferente: afirma que los trabajadores no aparecieron sorpresivamente ni fueron hasta la empresa con el objetivo de ocupar sus instalaciones. Se presentaron porque ese 15 de julio debían ser dados de alta, conforme a un acta firmada previamente ante la Secretaría de Trabajo.

En lugar de permitirles comenzar a trabajar, Conarpesa les comunicó que la convocatoria sería postergada hasta el 1° de agosto. Según el secretario general del STIA, Luis Núñez, los trabajadores recibieron esa respuesta y luego se retiraron del lugar.

Días después, 39 de ellos quedaron despedidos y denunciados penalmente.

El conflicto alcanzó ahora una nueva instancia. La Secretaría de Trabajo de Chubut dictó la conciliación obligatoria por 15 días hábiles, ordenó retrotraer la situación y convocó a las partes a una audiencia para discutir la reincorporación de los trabajadores y el origen del reclamo.

No eran manifestantes ajenos a la empresa

Uno de los aspectos que se diluye en la versión empresarial es la situación laboral de las personas involucradas.

No eran manifestantes externos que ingresaron a una propiedad con la que no tenían ninguna relación. Eran trabajadores efectivos de temporada de Conarpesa que aguardaban ser convocados para regresar a sus puestos en la planta de Puerto Madryn.

El reclamo llevaba varias semanas. El STIA había denunciado que la temporada estaba en marcha, que barcos vinculados a la compañía se encontraban en condiciones de pescar y que, mientras tanto, 85 empleados continuaban sin ser dados de alta.

José "Pepe" Díaz, dirigente del sindicato, aseguró que la discusión había sido llevada ante la Secretaría de Trabajo y que allí se había firmado un acta por la cual la empresa se comprometía a convocar al personal. Según el gremio, el día fijado era el 15 de julio.

La copia completa del acta no fue difundida públicamente, por lo que todavía será necesario conocer su redacción exacta, quién la firmó en representación de Conarpesa y qué obligaciones concretas asumió cada parte.

Pero su existencia no aparece como una explicación construida después de los despidos. El sindicato ya hablaba públicamente del documento y del presunto incumplimiento empresario el mismo día del conflicto.

"No fueron de manera sorpresiva ni como patoteros"

Luis Núñez afirmó que la empresa está utilizando las imágenes de la protesta para presentar a los trabajadores como un grupo que llegó sorpresivamente a las oficinas para intimidar y provocar disturbios.

El dirigente sostuvo que la secuencia fue diferente.

Según explicó, Conarpesa había convocado para el 15 de julio a los trabajadores de temporada que venían reclamando ser incorporados. Los empleados fueron hasta la planta porque, conforme al acta firmada en la Secretaría de Trabajo, ese día debían ingresar y ser dados de alta.

Una vez allí, la empresa les comunicó que finalmente deberían esperar hasta el 1° de agosto.

Núñez aseguró que, después de recibir esa respuesta, los trabajadores se retiraron del establecimiento.

Esta declaración introduce un elemento central para discutir la proporcionalidad de las sanciones. Si los empleados abandonaron el lugar sin que fuera necesario desalojarlos individualmente, deberá determinarse qué conducta concreta justificó la ruptura definitiva del vínculo de cada una de las 39 personas.

Conarpesa, en cambio, afirma que hubo una toma por la fuerza, posturas intimidatorias y una situación que obligó al personal administrativo a retirarse con intervención policial. Esos argumentos aparecen reproducidos en los telegramas de despido enviados a los trabajadores.

Trabajadores aseguran que fueron invitados a ingresar

Los testimonios conocidos después de los despidos agregan otro elemento que deberá ser esclarecido.

Una de las trabajadoras despedidas aseguró que el grupo ingresó a las oficinas porque el propio gerente los convocó para conversar. También negó que se hubieran producido agresiones y sostuvo que existen fotografías y videos que mostrarían que la protesta se desarrolló sin violencia.

Vladimir Rodríguez, uno de los trabajadores afectados, afirmó que durante el reclamo había más de 60 personas y que los 39 telegramas fueron enviados de manera arbitraria para asustar al resto.

Según explicó, muchos de los despedidos tienen entre 12 y 15 años de antigüedad y dependen de la temporada pesquera para sostener a sus familias.

"Hace cinco meses que estamos parados. No pedíamos plata ni beneficios, solo queríamos volver a trabajar", expresó.

Estas declaraciones no invalidan por sí solas la denuncia presentada por Conarpesa. Pero obligan a determinar cómo fueron seleccionadas las 39 personas despedidas, qué conducta se atribuye individualmente a cada una y por qué otros trabajadores presentes en el lugar no recibieron la misma sanción.

La empresa que debía cumplir ahora acusa a los trabajadores

Para el STIA, Conarpesa pretende que la historia comience con el ingreso a las oficinas, sin explicar qué ocurrió antes.

"Los trabajadores debían ingresar, debían ser dados de alta por un acta firmada en Trabajo", sostuvo Núñez. Desde esa perspectiva, la parte que incumplió primero no fueron los empleados, sino la empresa.

El sindicato afirma que los trabajadores agotaron distintas instancias de reclamo y que se presentaron en la planta únicamente cuando llegó la fecha comprometida.

El cuestionamiento, por lo tanto, no consiste en negar que existió una protesta dentro del sector administrativo. La discusión es si Conarpesa puede aislar ese episodio de todo su contexto y utilizarlo para despedir en bloque a quienes reclamaban que se respetara un compromiso laboral previo.

También deberá establecerse si los telegramas individualizan realmente la conducta de cada empleado o si aplican una misma acusación general a todos los identificados.

Estar presente en una protesta no equivale automáticamente a amenazar, agredir, dañar bienes o impedir trabajar. Esas conductas deben ser atribuidas y probadas individualmente.

La advertencia de Álvarez Castellano

Antes de que fueran enviados los telegramas, el presidente de Conarpesa, Fernando Álvarez Castellano, anticipó públicamente que avanzaría contra los trabajadores y dirigentes identificados.

El empresario sostuvo que evaluaría medidas penales y laborales y aseguró que, si la ley lo habilitaba, los despediría.

Pero su declaración más fuerte fue otra:

"Me cagaron un día, pero yo me ocuparé de cagarles muchos más días a ellos".

La frase fue publicada incluso en el sitio oficial de Conarpesa. Dos días después, 39 trabajadores recibieron la notificación de que quedaban desvinculados con causa.

La declaración no demuestra por sí misma que los despidos sean ilegales. Pero sí permite formular una pregunta legítima: si la compañía analizó de manera objetiva e individual la actuación de cada trabajador o si los telegramas fueron parte de una represalia anunciada previamente por el propio empresario.

La expresión utilizada por Álvarez Castellano está lejos del lenguaje de una empresa que espera que la Justicia y las autoridades laborales determinen responsabilidades. Transmite una voluntad explícita de castigar y prolongar las consecuencias del conflicto sobre quienes participaron del reclamo.

Una misma acusación para 39 trabajadores

Los telegramas de despido sostienen que los trabajadores participaron de una "toma por la fuerza", mantuvieron posturas intimidatorias y provocaron que el personal administrativo abandonara el lugar con asistencia policial.

Conarpesa consideró que esas conductas constituían una injuria de tal gravedad que impedía continuar la relación laboral y atribuyó la ruptura a la exclusiva responsabilidad de cada empleado.

Sin embargo, las transcripciones conocidas reproducen una imputación general muy similar para todos los despedidos. No explican públicamente qué conducta específica habría realizado cada uno: quién habría amenazado, quién habría obstruido una salida, quién habría ingresado por la fuerza o quién simplemente permaneció dentro del lugar.

Ese punto puede resultar decisivo.

La legislación laboral permite considerar grave la participación activa en una toma, un bloqueo o acciones intimidatorias dentro de una empresa. Pero eso no convierte automáticamente en válido cualquier despido aplicado después de una protesta.

Conarpesa deberá demostrar qué hizo cada trabajador, si existieron amenazas concretas, quién las realizó y por qué la conducta atribuida hacía imposible mantener la relación laboral.

También deberá explicarse si existió una intimación previa para que cada empleado abandonara el establecimiento y si esa orden fue incumplida. La versión aportada por Núñez sostiene precisamente lo contrario: que los trabajadores escucharon la nueva fecha comunicada por la empresa y se retiraron.

Trabajo ordenó retrotraer el conflicto

La Secretaría de Trabajo de Chubut dictó la conciliación obligatoria por 15 días hábiles después de que Conarpesa despidiera con causa a 39 trabajadores de su planta de Puerto Madryn.

La medida fue firmada por el secretario de Trabajo, Nicolás Zárate, y ordena retrotraer la situación al momento previo a la escalada del conflicto.

Mientras dure el proceso, la empresa no podrá aplicar nuevas sanciones, despidos ni medidas disciplinarias. El sindicato, por su parte, deberá suspender cualquier medida de fuerza.

La resolución sostiene que el conflicto ya no afecta únicamente los intereses individuales de los trabajadores despedidos, sino que compromete la continuidad de las fuentes laborales, la estabilidad del empleo y la paz social.

La autoridad laboral convocó a una audiencia para este miércoles a las 10 en la Delegación Puerto Madryn. Allí deberán presentarse representantes del STIA, Conarpesa, Agropez S.A. y Wofco.

La inclusión de estas firmas amplía la dimensión del conflicto y obliga a sentar a la mesa a distintas sociedades vinculadas con el grupo pesquero.

Los despidos quedan bajo revisión

La conciliación obligatoria no declara ilegales los 39 despidos ni resuelve el fondo de la disputa.

Sin embargo, obliga a retrotraer la situación mientras se desarrolla la negociación y evita que Conarpesa continúe profundizando las sanciones durante ese período.

Uno de los puntos centrales de la audiencia será determinar si la empresa puede sostener con pruebas individuales la causa invocada en cada telegrama.

Conarpesa deberá demostrar quién amenazó, quién impidió trabajar, quién ingresó por la fuerza y quién simplemente estuvo presente durante una protesta colectiva.

Los trabajadores sostienen que esa distinción nunca fue realizada y que los telegramas fueron utilizados como una medida disciplinadora.

También deberá intervenir la propia Secretaría de Trabajo sobre el origen del conflicto. Si efectivamente participó de un acta que fijaba la convocatoria del personal para el 15 de julio, deberá explicar qué ocurrió cuando la empresa trasladó esa fecha al 1° de agosto.

Materia prima y empleo que podrían irse de Chubut

El conflicto ocurre, además, mientras avanza en Hohenau, Paraguay, una planta destinada a procesar langostino que, al menos parcialmente, provendría de barcos que operan en Puerto Madryn y Rawson.

En esa instalación se realizarían tareas industriales como pelado, desvenado, clasificación y empaque antes de volver a exportar el producto. La planta proyecta comenzar con alrededor de 200 trabajadores y podría alcanzar entre 500 y 600 empleos directos.

La operatoria y su conexión exacta con Conarpesa serán abordadas en una investigación específica. Pero la contradicción laboral ya es visible: materia prima obtenida a partir de la actividad pesquera patagónica podría recorrer miles de kilómetros para generar trabajo industrial en Paraguay, mientras empleados efectivos de temporada de Puerto Madryn reclaman ser convocados y 39 de ellos terminan despedidos.

No puede afirmarse que cada puesto creado en Paraguay equivalga directamente a un empleo perdido en Chubut. Sí corresponde preguntarse por qué etapas intensivas en mano de obra y valor agregado se proyectan fuera del país mientras trabajadores vinculados a la empresa permanecen sin actividad.

¿Sanción laboral o represalia colectiva?

La causa penal y la discusión laboral no son idénticas.

Que Conarpesa haya presentado una denuncia tampoco prueba que todos los trabajadores identificados hayan cometido un delito ni que los 39 despidos resulten necesariamente justificados.

La Justicia deberá analizar los videos, los testimonios y las conductas atribuidas. La Secretaría de Trabajo deberá revisar el acuerdo previo, el incumplimiento denunciado por el STIA y la proporcionalidad de las sanciones.

Conarpesa sostiene que actuó frente a una toma violenta.

Los trabajadores aseguran que fueron a reclamar el cumplimiento de un acuerdo, que ingresaron convocados por un gerente, que no agredieron a nadie y que se retiraron después de recibir una nueva postergación.

La Secretaría de Trabajo consideró que el conflicto amenaza las fuentes laborales y la paz social, ordenó retrotraer la situación y sentó a las partes a negociar.

Ahora Conarpesa deberá sostener frente a la autoridad laboral lo que afirmó en los telegramas: que cada uno de los 39 despedidos cometió una conducta individual suficientemente grave para perder un empleo que, en muchos casos, mantenía desde hacía más de una década.

Hasta entonces, permanece la principal sospecha: si la empresa sancionó hechos concretos y probados o eligió a 39 trabajadores para enviar un mensaje disciplinador al resto.