Residuos pesqueros en Madryn: tras una clausura, un sumario y una fuga de amoníaco, Greciamar proyecta ampliar su planta
La Provincia abrió una consulta pública por la reubicación y ampliación del sistema de tratamiento de Greciamar. El proyecto aparece atravesado por antecedentes que exigen respuestas: un sumario ambiental, la clausura preventiva de sus descargas y un escape de amoníaco. El informe técnico necesario para evaluar la obra no estaba publicado en el portal oficial al comenzar la convocatoria.
La pesquera Greciamar proyecta reubicar y ampliar su planta de tratamiento de residuos líquidos en Puerto Madryn. La iniciativa fue sometida a consulta pública por la Secretaría de Ambiente del Chubut, pero llega precedida por una historia que incluye controles contradictorios, actuaciones administrativas y episodios ambientales dentro del establecimiento.
El aviso fue publicado el 1 de septiembre en el Boletín Oficial y abrió un plazo de diez días corridos para formular observaciones. El trámite corresponde al expediente 866/2026-SAyCDS y se refiere, en términos técnicos, a la "reubicación y ampliación de la planta de tratamiento de efluentes" de Greciamar.
La convocatoria no significa que el proyecto ya esté autorizado. Precisamente, la consulta debería permitir conocer sus características y discutir sus posibles efectos. Sin embargo, el aviso no detalla dónde se instalará la nueva planta, cuánto residuo líquido podrá procesar, qué tecnología utilizará ni cuál será el destino final del material tratado.
El Boletín señala que el Informe Ambiental del Proyecto puede consultarse en la página de la Secretaría de Ambiente. Al 2 de septiembre, el portal oficial solamente exhibía convocatorias publicadas hasta el 11 de agosto y no incluía la documentación de Greciamar. Sin ese estudio resulta imposible determinar si la ampliación resolverá los problemas anteriores o simplemente aumentará la capacidad operativa.
Un historial que obliga a mirar el proyecto con atención
En marzo de 2018, la Provincia inició un sumario administrativo contra Greciamar por una presunta infracción al Código Ambiental y al régimen provincial de vuelcos. La disposición también contemplaba la posibilidad de clausurar preventivamente la descarga si persistía el incumplimiento.
La actuación resulta llamativa porque pocas semanas antes el Ministerio de Ambiente había informado que muestras tomadas durante tres semanas se encontraban dentro de los parámetros permitidos. Sin acceso al expediente completo no puede establecerse si se trató de controles realizados en momentos diferentes, de otra clase de incumplimiento o de una contradicción entre las áreas oficiales.
El antecedente más directo se produjo en enero de 2020, cuando Ambiente clausuró preventivamente los vuelcos líquidos de Greciamar porque los análisis no cumplían los parámetros establecidos por el Decreto 1540/16. La medida afectó a las descargas, no implicó el cierre completo de la fábrica.
En abril de ese año, el organismo provincial informó que la clausura se levantaría cuando nuevas muestras demostraran que el líquido tratado estaba dentro de los valores permitidos. En la documentación revisada no aparece el acto que precise cuándo se levantó la medida, cuáles fueron los resultados definitivos ni qué condiciones se impusieron a la empresa.
A estos antecedentes se sumó, en noviembre de 2024, una fuga de amoníaco dentro de la planta. Bomberos intervino durante la madrugada y regresó por la noche debido a que había quedado gas acumulado en un sector con poca ventilación después de la reparación de una válvula.
El Cuartel aclaró que se trató de un solo escape con dos intervenciones y que durante la segunda no encontró una concentración capaz de intoxicar personas. El episodio no demuestra una falla en el tratamiento de los residuos líquidos, pero sí constituye un antecedente relevante para evaluar los protocolos de seguridad y el plan de contingencia de una planta que pretende ampliar su actividad.
Las respuestas que todavía faltan
Greciamar también integra un centro ambiental creado junto con otras pesqueras a unos 20 kilómetros de Puerto Madryn. Esa instalación declara recibir residuos sólidos, líquidos crudos y aguas semitratadas mediante un sistema de pesaje y manifiestos de trazabilidad. Es un dato favorable, aunque no se conoce públicamente qué cantidad envía cada empresa ni cómo se articulará ese sistema con la nueva planta.
La discusión, por lo tanto, no pasa por atribuirle a Greciamar una contaminación actual que no está acreditada. La cuestión es si el nuevo proyecto ofrece garantías suficientes después de los antecedentes registrados y si la ciudadanía dispone de la información necesaria para evaluarlo.
Para responderlo, el Informe Ambiental debería detallar el caudal que procesará la planta, la carga contaminante de ingreso, la calidad garantizada del líquido tratado, el destino final de las descargas y los controles independientes previstos. También debería explicar qué ocurrió con la clausura de 2020, qué mejoras se implementaron posteriormente y qué medidas de seguridad fueron adoptadas después de la fuga de amoníaco.
Abrir una consulta pública sin facilitar desde el comienzo el documento central reduce la participación a una formalidad. La ampliación puede representar una mejora ambiental, pero esa conclusión debe surgir de información técnica verificable y no solamente del anuncio de la empresa o de la apertura del expediente.