Allanan la casa de Fred Machado en Viedma por la denuncia contra José Luis Espert

La Policía Federal Argentina (PFA) allanó este miércoles por la mañana la vivienda de Federico "Fred" Machado en Viedma, Río Negro, en el marco de la denuncia presentada por Juan Grabois contra el diputado José Luis Espert por presunto lavado de dinero.

El procedimiento se realizó en el domicilio donde Machado cumplía prisión domiciliaria, pocas horas después de que fuera trasladado como parte de su proceso de extradición a Estados Unidos. La medida fue dispuesta por el fiscal federal Federico Domínguez, quien imputó formalmente a Espert el martes pasado. La causa fue delegada por el juez de San Isidro Lino Mirabelli.

La investigación busca determinar si los 200 mil dólares que Espert reconoció haber recibido provienen de una organización criminal vinculada a causas por narcotráfico y lavado de activos en el estado de Texas. En su denuncia, Grabois también señaló que Espert habría utilizado vehículos y aeronaves de Machado durante su campaña presidencial de 2019.

El pago fue realizado entre enero y febrero de 2020 y aparece mencionado en el expediente estadounidense "USA v. Mercer-Erwin et al.", relacionado con una red internacional de tráfico de drogas. Esa información fue la base del planteo judicial de Grabois.

En medio del escándalo, Espert reconoció la transferencia, pero aclaró que el dinero no provino directamente de Machado sino de una empresa minera vinculada a él, llamada Minas del Pueblo, con sede en Guatemala. "Fue un adelanto por servicios como economista, no un aporte político", aseguró.

Actualmente, Machado permanece detenido en la Delegación Viedma de la PFA, a la espera de que el Servicio Penitenciario Federal defina el lugar donde cumplirá su detención hasta concretarse su extradición.

La Corte Suprema de Justicia y el Gobierno nacional autorizaron el martes su traslado a Estados Unidos, donde enfrenta cinco cargos federales, entre ellos asociación ilícita para el tráfico de cocaína y lavado de activos. El fallo, firmado por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, sostiene que la solicitud cumple con las normas internacionales de cooperación judicial y que las acusaciones están "suficientemente respaldadas".