Tucumán: dirigía una red de trata desde prisión usando celulares no autorizados
La Justicia Federal de Tucumán condenó a un hombre y una mujer por manejar una red de trata de personas con fines de explotación sexual agravada. La organización funcionaba desde una unidad penitenciaria y las víctimas eran contactadas mediante publicaciones laborales en redes sociales.
Un preso y una mujer fueron condenados en Tucumán acusados de manejar una red de explotación sexual desde una cárcel.
Según se informó, el líder de la organización cumplía una condena previa por trata de personas y utilizaba celulares no autorizados dentro del penal para coordinar las maniobras delictivas.
En el marco de un juicio abreviado, ambos reconocieron su responsabilidad y la jueza Carina Farías los consideró responsables del delito de trata de personas con fines de explotación sexual agravada contra ocho mujeres.
De esta manera, el hombre fue condenado a 12 años de prisión y la mujer a 8 años, por hechos ocurridos entre diciembre de 2021 y abril de 2023 desde la Unidad N° 1 del Complejo Penitenciario de Villa Urquiza.
De acuerdo a la investigación, el detenido utilizaba teléfonos celulares dentro de la cárcel para mantener contacto permanente con las víctimas y con la otra acusada.
A través de esos dispositivos impartía instrucciones sobre horarios, turnos, precios, distribución de mujeres entre distintos departamentos y modalidades de atención a los clientes.
Durante distintos procedimientos realizados en la celda del acusado se secuestraron dispositivos electrónicos y anotaciones vinculadas a la explotación sexual, incluyendo nombres de mujeres, números telefónicos y registros de recaudación.
La investigación también determinó que el hombre controlaba publicaciones de ofrecimiento sexual en la página Skokka y definía los nombres de fantasía utilizados por las víctimas, además de supervisar fotografías y videos de contenido sexual que eran utilizados para promocionar los servicios.
Según la causa, las víctimas eran mujeres en situación de vulnerabilidad económica y social, contactadas a través de publicaciones laborales en redes sociales e incorporadas posteriormente a un circuito prostibulario que funcionaba en departamentos de San Miguel de Tucumán.
La mujer condenada cumplía tareas presenciales vinculadas al funcionamiento de la organización, supervisando a las víctimas, controlando la actividad diaria y recaudando dinero proveniente de los encuentros sexuales.
Además, coordinaba ingresos y reemplazos de mujeres en los distintos inmuebles utilizados por la red.
A pedido de la fiscalía, la Justicia ordenó además una reparación económica integral para las víctimas por más de 130 millones de pesos, monto compuesto por la ganancia ilícita obtenida por los imputados, el lucro cesante y el daño moral sufrido por las víctimas.