El fin de la impunidad tras el uniforme: condenan a un agente penitenciario por abusar de su sobrina en Chubut
Un tribunal local dictó sentencia contra un efectivo del Servicio Penitenciario Federal que utilizó su posición de autoridad y el vínculo familiar para vulnerar a una niña de 13 años
La justicia de Chubut dio un paso fundamental en la lucha contra la violencia intrafamiliar al condenar a un integrante del Servicio Penitenciario Federal por hechos de abuso sexual ocurridos durante el 2023. El caso, que fue impulsado por el equipo de género de la Fiscalía, no solo puso en el banquillo a un funcionario público, sino que desnudó la perversidad de los mecanismos de silencio que suelen operar en la intimidad de un hogar.
La investigación logró reconstruir que el agresor, primo de la madre de la víctima, convivía bajo el mismo techo que la niña. Aprovechando esa cercanía cotidiana y la investidura que le otorgaba su profesión, el hombre seleccionaba los momentos de soledad para atacar. Un factor que los jueces consideraron de especial gravedad fue la situación de "extrema vulnerabilidad" de la pequeña: al momento de sufrir los abusos, se encontraba convaleciente, una condición física que el condenado utilizó para asegurar su dominio y facilitar la agresión sin encontrar resistencia.
Uno de los pilares que sostuvo la acusación y que fue destacado en los fundamentos de la sentencia fue la solidez del testimonio de la niña. A través de la Cámara Gesell, la víctima ofreció un relato persistente y coherente que no mostró fisuras desde que se animó a hablar con sus padres hasta el día del juicio. Para el tribunal, la claridad de sus palabras fue la prueba irrefutable del quiebre de la confianza familiar, desestimando cualquier intento de la defensa por desacreditar la denuncia.
El fallo también abordó la profunda asimetría de poder entre las partes. El condenado, un hombre joven formado en el rigor de las fuerzas de seguridad, empleó tácticas de coacción basadas en el secreto, una práctica común en estos delitos para garantizar que la víctima no busque ayuda por temor a romper la armonía del entorno familiar. Al ser un funcionario público encargado precisamente de la custodia de personas, la justicia consideró que su conducta representó una traición doble a la ética y a la ley.
Finalmente, el agente penitenciario fue declarado autor penalmente responsable del delito de abuso sexual simple, agravado por la minoridad de la víctima y por la convivencia preexistente.