Puerta giratoria en Rawson: una docena de delitos y un acuerdo exprés de menos de cuatro años de prisión
La impunidad del delito serial en la capital provincial quedó expuesta este martes tras un polémico juicio abreviado. Santiago Jaramillo acumuló doce hechos delictivos entre junio de 2025 y junio de 2026, pero la Fiscalía y la Defensa pactaron una pena de apenas 3 años y 9 meses de cumplimiento efectivo.
El acuerdo, que ahora se encuentra a la espera de la homologación de la jueza penal Laura Martini, ratifica una preocupante tendencia a la baja para infractores seriales. La audiencia se desarrolló en la Oficina Judicial de Rawson, donde el imputado -quien cumple prisión preventiva en la alcaidía de Trelew- reconoció su autoría ante una de las víctimas presentes en la sala, amparado bajo los términos del artículo 355 del Código Procesal Penal.
Por el Ministerio Público Fiscal (MPF), la Fiscal Jefe Laura Castagno y la Procuradora Silvina Nicholson estructuraron un combo penal indulgente frente a un raid que incluyó cuatro hurtos simples, una amenaza simple, cuatro robos simples, un daño y un robo agravado por escalamiento, todo enmarcado en concurso real.
La cronología delictiva de Jaramillo expone el colapso en la prevención y la respuesta punitiva. Entre julio y septiembre de 2025, el acusado arrasó con departamentos, comercios y viviendas particulares: forzó accesos en el Área 16 para robar cañas de pescar, desvalijó una finca en calle Castelli llevándose una PlayStation, violentó la Agencia de Quiniela 1001, amenazó a la dueña del local "El Rey del Queso", escaló portones de más de dos metros para sustraer paneles solares y plantas de cannabis, y saqueó comercios de cercanía y complejos habitacionales como el barrio 2 de Abril. La escalada continuó en 2026 con robos en la avenida Murga y en el local comercial "El Sandwichito".
A pesar de contar con una condena reciente previa en Comodoro Rivadavia, el pacto entre las partes fijó una unificación irrisoria que elevaría el total a solo cuatro años de prisión. Mientras la sociedad soporta la reiterancia delictiva, el sistema judicial vuelve a optar por la vía rápida del abreviado, licuando el costo penal de una hoja de antecedentes criminales ininterrumpida.