Conarpesa

De $13 a $332 millones en un solo juicio y decenas de demandas, seg鷑 el due駉 de Conarpesa: denuncia una "industria del juicio" y apunta contra un abogado y una jueza

Fernando 羖varez Castellano volvi� a se馻lar al abogado Diego Mart韓ez Zapata y a la jueza de Rawson Amorina Testino por los reclamos laborales contra empresas de su grupo. Cuestion� los montos, los intereses y la velocidad de las decisiones judiciales, y amenaz� con mantener parados ocho fresqueros y no abrir las plantas. El letrado ya hab韆 rechazado las acusaciones de connivencia y defendido la legitimidad de los reclamos de los trabajadores.

"Han creado una industria del juicio alrededor nuestra con el tema de los aguinaldos". Con esa acusaci髇, el due駉 de Conarpesa, Fernando 羖varez Castellano, volvi� a cargar contra quienes intervienen en las demandas laborales que enfrenta su grupo. Sus se馻lamientos tienen dos destinatarios centrales: el abogado Diego Mart韓ez Zapata, que representa a trabajadores en litigios contra las empresas, y la jueza Amorina Testino, cuyo desempe駉 el empresario asegura haber denunciado ante el Consejo de la Magistratura de Chubut.

羖varez Castellano sostiene que los reclamos se multiplican, que las liquidaciones alcanzan cifras que considera desproporcionadas y que las restricciones judiciales sobre sus barcos lo dejan sin margen para operar. Son acusaciones del empresario: la documentaci髇 revisada no permite dar por probada una actuaci髇 concertada o irregular del abogado y la magistrada.

"Como vieron que uno sali� bien, es copia y pega", afirm� durante la entrevista. Al describir c髆o, seg鷑 閘, se concentran las demandas, agreg�: "Hay uno, dos, o un abogado sobre todo que agarra todo". M醩 adelante mencion� expresamente a "Diego Zapata" al explicar que un trabajador puede recurrir al letrado e iniciar una demanda aunque exista un entendimiento con la conducci髇 sindical.

Su planteo apunta a la repetici髇 de los reclamos y a su resultado econ髆ico. "Antes era uno, dos, tres juicios, yo los pagaba", sostuvo. Pero inmediatamente reconoci� que no tiene un inventario preciso: "Ahora debo tener 60 o 70 o no s� cu醤tos". Por eso, esa cifra no puede presentarse como un total judicial comprobado ni como demandas que todav韆 estar韆n por llegar: es su estimaci髇 sobre los procesos que ya enfrenta.

El cuestionamiento a Testino tambi閚 fue directo. 羖varez Castellano habl� de una sentencia "express en un d韆" y objet� la aplicaci髇 posterior de intereses y multas. "No somos capaces de individualizar y monetizar el problema", expres�. Seg鷑 su explicaci髇, la incertidumbre no est� solamente en perder un juicio, sino en no poder calcular cu醤to terminar� pagando.

El caso que utiliza como ejemplo corresponde al expediente "Navarro Tobar, Luis Osvaldo c/ Agropez S.A.". Agropez integra el Grupo Conarpesa. Seg鷑 la informaci髇 difundida por la propia compa耥a, un capital de condena de $13.520.929,60 lleg� a una liquidaci髇 de $332.213.873,40 por la aplicaci髇 de intereses.

El 9 de septiembre, el abogado de Agropez, Luis 羘gel Novoa, pidi� al Superior Tribunal de Justicia de Chubut que interviniera, suspendiera excepcionalmente el tr醡ite y revisara los intereses. La posici髇 empresarial distingue dos cuestiones: no desconoce la existencia de una sentencia firme, pero considera desproporcionada la liquidaci髇 resultante. No se verific� una resoluci髇 del Superior Tribunal que haya respaldado ese planteo. Tampoco se accedi� al c醠culo completo que permita evaluar de manera independiente cada componente del monto reclamado.

El enfrentamiento con Mart韓ez Zapata ya hab韆 escalado en agosto. El abogado rechaz� p鷅licamente las acusaciones de 羖varez Castellano, pidi� una retractaci髇 y anunci� acciones judiciales. Seg鷑 public� Radio Chubut el 18 de agosto, calific� los dichos del empresario como "grav韘imos" y neg� que las sentencias fueran decisiones expr閟 elaboradas mediante un simple copia y pega.

Revista Puerto tambi閚 recogi� su negativa a cualquier acuerdo o connivencia con Testino. El letrado sostuvo que los litigios tienen una trayectoria de a駉s y defendi� las actuaciones destinadas a cobrar las acreencias de los trabajadores. Esa respuesta corresponde a la controversia de agosto, anterior a las nuevas declaraciones del empresario.

La disputa continu� por carta documento. En una publicaci髇 del 7 de septiembre, Conarpesa inform� que 羖varez Castellano hab韆 respondido una intimaci髇 de Mart韓ez Zapata, fechada el 26 de agosto. All�, el empresario sostuvo que sus frases hab韆n sido extra韉as de contexto y ratific� sus cuestionamientos. La empresa tambi閚 vincul� la denuncia contra Testino con lo ocurrido alrededor del embargo y la interdicci髇 del pesquero J. Barreiro. Esos se馻lamientos no equivalen a una sanci髇 ni a una determinaci髇 de responsabilidad de la magistrada.

Ahora, 羖varez Castellano traslad� el conflicto judicial a una decisi髇 operativa. Consultado sobre si mantendr韆 sus embarcaciones sin salir hasta acordar la liquidaci髇 de aguinaldos, respondi�: "Ni abro las plantas, nada, se queda parada hasta que esto se resuelva". Tambi閚 afirm�: "Prefiero perder una temporada, o un mes, o dos meses".

El empresario precis� que se refiere a sus ocho fresqueros y diferenci� esa situaci髇 de la de los congeladores, que ya hab韆n trabajado. Explic� que pretende definir el c醠culo del aguinaldo hacia adelante y negociar por separado las causas anteriores. Tambi閚 reconoci� que la falta de pesca de sus barcos afecta el abastecimiento de las plantas: "Si no tengo los barcos, tampoco tengo materia prima para las plantas, es obvio".

SICONARA sostiene una posici髇 distinta. Su secretario gremial, Jorge Maldonado, afirm� el 22 de octubre que la discusi髇 por las liquidaciones lleva m醩 de quince a駉s y que los trabajadores obtuvieron fallos favorables. Seg鷑 inform� Radio 3, rechaz� que exista un impedimento sindical para iniciar la temporada y sostuvo que las medidas judiciales responden a reclamos de cobro. La existencia de demandas y sentencias adversas, por s� sola, no acredita la "industria" denunciada por 羖varez Castellano.

A ese frente se suma la disputa con el STIA por las condiciones de trabajo en las plantas. El conflicto ya hab韆 derivado en 39 despidos durante julio y una conciliaci髇 obligatoria; luego la empresa anunci� treinta reincorporaciones. En octubre, el sindicato denunci� diferencias por la liquidaci髇 de haberes y el peso de los cajones de langostino. En la nueva entrevista, el empresario volvi� a defender su postura con una frase: "Yo no soy ni el bueno ni el malo, yo soy el que paga".

El due駉 de Conarpesa exige respuestas por los intereses, los juicios y las medidas sobre sus barcos. El abogado rechaza sus acusaciones y los gremios defienden reclamos que, seg鷑 sostienen, ya fueron reconocidos judicialmente. Mientras esas controversias siguen abiertas, la amenaza de mantener fresqueros y plantas sin actividad extiende el conflicto a trabajadores que dependen de la temporada. Resolver si hubo liquidaciones indebidas o irregularidades judiciales exige revisar los expedientes; dejar de operar tiene consecuencias inmediatas sobre el empleo y los ingresos.

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