Una jueza declaró ilegal la detención de un vecino tras un operativo policial
La jueza Karina Breckle declaró ilegal el procedimiento contra Alberto Canteriño en Rawson. La Policía lo arrestó sin orden judicial, sin resistencia y con un acta que no coincidía con los videos del allanamiento. El caso fue elevado al procurador Miquelarena.
Un operativo policial en Rawson terminó con fuertes cuestionamientos judiciales y la apertura de una posible causa penal contra los agentes intervinientes. La jueza Karina Breckle declaró ilegal la detención de Alberto Canteriño, un vecino del barrio La Isla, y anuló el acta policial al considerar que fue falsificada o inexacta. Según Breckle, el documento no coincide con los videos del allanamiento ocurrido el 15 de marzo.
La Policía había ingresado al domicilio en busca de un arma. El procedimiento fue autorizado por la propia jueza, pero sin contemplar detenciones. Aun así, Canteriño fue reducido y esposado por personal del GEOP, a pesar de no haber ofrecido resistencia ni desobediencia.
Las grabaciones revelan que el hombre estaba sentado en la cama, con las manos en alto, y en evidente estado de vulnerabilidad física. Pesa 46 kilos, usa muletas y tiene una prótesis de cadera. Aun así, los uniformados lo inmovilizaron, lo esposaron boca abajo y lo trasladaron prácticamente en andas al living.
La justificación del arresto fue una supuesta desobediencia y amenazas a los oficiales, especialmente al inspector Michel Barrera, quien firmó el acta. Pero las imágenes contradicen su relato. Breckle remarcó que Canteriño jamás fue informado de sus derechos ni del motivo de la detención, y que el oficial a cargo actuó encapuchado, una práctica que la magistrada cuestionó duramente.
"¿Qué hubiera pasado si se trataba de una persona con autismo?", se preguntó la jueza, quien subrayó la falta de capacitación policial para tratar con personas con deterioro físico o cognitivo. También advirtió que el uso de la capucha "no guarda relación con la dignidad de la función policial" y que el responsable del operativo "debe actuar identificado y de frente al procedimiento".
Finalmente, Breckle derivó el caso al procurador general Jorge Miquelarena para que se analicen posibles delitos cometidos por los efectivos, y sugirió una urgente revisión de los protocolos de intervención.
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